Tiempos violentos

Di Tullio adelantó a este medio que el lunes presentará una denuncia penal en la que dejará asentadas todas las amenazas que recibieron los senadores por redes sociales. Entre tanto, ya fue presentada una denuncia penal ante la justicia federal de Mendoza contra los dos influencers libertarios en la que se pide, además, que se investigue si el gobierno inyecta recursos para generar la multiplicación de estos mensajes en las redes.

En los próximos días será tema de debate si se trató -y se trata- de “chistes”, mensajes inocuos que circulan en las redes sociales, o si se los puede encuadrar como delitos de acción pública. El artículo 212 del Código Penal, por caso, prevé penas de tres a seis años de prisión al que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.

Por lo pronto, las fuerzas federales de Seguridad, autorizadas por la ministra del área a trabajar sobre redes sociales -a su sola orden y sin necesidad de una autorización judicial- para preservar el orden público se mantuvieron quietas y confirmaron lo que se sospechaba: que solo serán investigadas las expresiones en plataformas virtuales que no le gusten al oficialismo.

Alarmas internacionales

Los episodios se inscriben en un contexto de creciente violencia digital en el que el gobierno se siente cómodo. Un contexto, además, formateado por intervenciones de funcionarios públicos y actores estatales en las propias redes, pero también fuera de ellas. A las amenazas casi permanentes se suman los violentos operativos represivos frente a las manifestaciones políticas y sociales, los bloqueos de la vía pública ante protestas nacientes y las denuncias a jueces y juezas que toman decisiones que no satisfacen al Poder Ejecutivo. Son hechos que encendieron alarmas incluso en organismos internacionales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza, emitió en mayo una comunicación -conocida como carta de alegación- a través de la cual exhortó a la Argentina a dar repuestas sobre un amplio listado de situaciones descritas por relatores en materias tan sensibles como la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la independencia de los magistrados, entre otros. Los relatores son expertos en distintas materias que llegaron a ocupar las relatorías luego de atravesar concursos de oposición de antecedentes.

“Hemos recibido información sobre el supuesto deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023 hasta el momento, incluyendo violaciones a la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y asociación, uso desproporcionado de la fuerza, de armas menos letales, y de detenciones arbitrarias en el contexto de asambleas pacíficas; así como violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de detenciones arbitrarias, y acciones que impiden la independencia judicial y, por lo tanto, el acceso a la justicia por los hechos cometidos, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos”, resumieron.

En el documento, al que accedió C5N, se detalla que en la Argentina se habría incurrido en las siguientes violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, y los estándares de protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión:

• Tácticas disuasorias para la participación en las movilizaciones, incluyendo operativos policiales sobre las principales vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires que incluirían inspección de todo tipo de vehículos, entre ellos colectivos de servicio público y transportes escolares, con el fin de identificar banderas o símbolos que pudieran asociarse con las movilizaciones. Algunas ‘detenciones preventivas’ se habrían realizado en dicho contexto.
• Bloqueo de calles de acceso a los lugares de concentración en varias ocasiones, y acciones de encierro de manifestantes para impedir su avance y su salida de la concentración (en las movilizaciones de junio del 2024, una vez que las personas fueron encerradas por cordones policiales, se les habría lanzado indiscriminadamente gases lacrimógenos). En varios casos se habrían utilizado vallas rodeadas con alambres de púa, para impedir el paso de personas a los lugares de manifestación. Habría sido frecuente el uso de gases para evitar las concentraciones.
• El número de agentes desplegados (que incluiría en muchos casos una combinación de fuerzas de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, y las Policías locales, incluyendo las de la Ciudad de Buenos Aires y el Chaco) en los operativos para atender las protestas, no guardaría relación de proporcionalidad frente a las expresiones pacíficas de las movilizaciones y protestas. En la totalidad de los casos se habrían visto operativos que superaban numéricamente a la cantidad de personas reunidas en la manifestación. Sólo para la movilización del 11 de septiembre de 2024 (en medio de la discusión del paquete de mejoras para las personas jubiladas, que terminó siendo vetado por el Presidente de la República), se reporta que más de 2000 agentes del orden participaron en los operativos.
• La desproporcionalidad en los operativos incluirá además la presencia de cuerpos policiales con equipamientos excesivos.
• Se reportó un despliegue y uso permanente de las denominadas ‘armas menos letales’, que incluiría vehículos hidrantes, gases lacrimógenos, escopetas para la munición de estruendo y proyectiles de impacto cinético, cartuchos de gas lacrimógeno, gas pimienta y bastones-tonfas, que habrían dejado a personas heridas, incluyendo niños y niñas menores de 10 años.
• Los cargos que se habrían impuesto a las personas detenidas habrían sido vagos y no individualizados.

Un pasaje del documento hace principal hincapié en que el Ministerio de Seguridad de la Nación habría estado respondiendo a fallos judiciales que limitan las acciones de las fuerzas federales con denuncias contra jueces y juezas involucrados/as. Allí se resaltan los casos del juez Roberto Andrés Gallardo y de la jueza Karina Andrade, que fueron apuntados desde el Poder Ejecutivo Nacional y denunciados ante el Consejo de la Magistratura porteño. Tras el señalamiento público realizado por el gobierno nacional, la jueza Andrade sufrió amenazas de muerte y de violencia sexual.

El caso de la jueza Andrade es ilustrativo de como opera el oficialismo ante fallos que no le gustan. Repasemos: el 13 de marzo, la titular del Juzgado de lo Penal, Faltas y Delitos Nº15 de Buenos Aires, dictó una resolución judicial ordenando la liberación inmediata de las 114 personas detenidas durante la manifestación del día anterior. La Jueza Andrade determinó que las detenciones se habían llevado a cabo sin las garantías legales necesarias, incluyendo la falta de notificación oportuna al tribunal, omisiones en información clave como la hora, el lugar y los motivos de la detención, e inconsistencias en la actuación de las fuerzas policiales. En su fallo, subrayó que el derecho a la protesta, en particular cuando se ejerce por y en nombre de poblaciones vulnerables como las personas mayores.

En ese contexto, los titulares del Ministerio de Seguridad (Bullrich) y del Ministerio de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) anunciaron públicamente, incluyendo una rueda de prensa celebrada el 17 de marzo, que solicitarían su destitución y que interpondrían una denuncia penal por prevaricato, omisión de deberes y encubrimiento. El ministro de Justicia publicó en su cuenta oficial de X que la actuación de la jueza sería analizada ante el Consejo de la Magistratura alegando "posible incumplimiento de sus funciones". Lo que eso desencadenó ya es historia conocida.

Ante ese cúmulo de información, el Alto Comisionado le había dado a Argentina tiempo hasta el 11 de julio para responder. La respuesta argentina llegó sobre la hora: “Las autoridades competentes de la República Argentina apreciarían que se considere, debido a la relevancia del asunto, una extensión del plazo establecido, con el fin de completar el reporte con la mayor congruencia de información posible y presentar las contribuciones pertinentes al tema en cuestión”. 60 días, parece, no le fueron tiempo suficiente.