Termina la feria judicial: se esperan definiciones en el caso Andis

Quienes transitan los tribunales federales de Retiro se cruzaron estos días con el juez Sebastián Casanello. A pesar del receso, el magistrado se abocó a estudiar la situación de los 19 indagados en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Hasta aquí el trabajo grueso lo hizo el fiscal Franco Picardi, a quien está delegada la investigación. Ahora el juez está en condiciones de resolver la situación procesal de Diego Spagnuolo, su exdirector, y el resto de los imputados que ya realizaron su descargo.

Un dato: Casanello subroga todavía el juzgado federal 11, sin titular desde la muerte de Claudio Bonadío. Esa subrogancia vence el 12 de febrero. Por usos y costumbres, podría ocurrir que desde la presidencia de la Cámara Federal porteña le den la posibilidad de prorrogar la situación un año más. Pero nada es seguro en los tribunales federales de Retiro.

Aunque la mayoría de los imputados se negó a responder preguntas de los magistrados, con el avance de la pesquisa, algunos exfuncionarios inquietos fueron formulando descargos escritos para deslindar responsabilidades. Todas las miradas apuntan a Spagnuolo, el hombre grabado por alguien en quien confiaba, cuando admitía que dinero de Andis se desviaba, en forma de coima, hacia funcionarios de la Casa Rosada: el famoso “tres por ciento”.

Otro personaje clave que apareció explosivamente en el expediente fue Miguel Ángel Calvete: un inquieto emprendedor que ofició de intermediario entre Andis y droguerías -o maquetas de droguerías- que lograron amarrar jugosos contratos con el Estado. La investigación de Picardi colectó pruebas que robustecen la sospecha de que Calvete le habría dado dinero en efectivo a Spagnuolo, muebles para su oficina, y que el titular de Andis recurría a la secretaría del lobbista como si trabajara para él.

Ornella y Miguel Ángel Calvete implicados en el caso de corrupción en la ANDIS

La suerte judicial de Spagnuolo también quedó minada por la declaración de uno de sus subalternos. El ex director nacional de Acceso a Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, declaró por escrito que fue convocado para su función por el ex abogado de Milei, pese a que este lo había negado. Luego le atribuyó a Spagnuolo la suma de todo el poder.

“Para fin de mayo de 2024, recibí una llamada del Dr. Diego Spagnuolo, quien se presentó como Director Ejecutivo de la Agencia, y tras decirme que había visto mi currículum, me ofreció entrevistarme ese mismo día a las 15.30 en la sede de la calle Dragones”, aseveró. Más adelante, relató que Spagnuolo “asumió la suma del poder en la Andis, quedándose para sí con la facultad de hacer y deshacer siguiendo su criterio en todo lo relativo al manejo de la Agencia”. Para acreditar su aseveración, adjunto a su declaración una resolución en la que efectivamente el extitular de la Andis se aseguraba cierto nivel de control de las direcciones de Recursos Humanos, Administración, Jurídicos y Modernización e Informática.

La principal estrategia de Spagnuolo fue cuestionar las grabaciones en las que se escucha su voz. Consiguió que la Cámara Federal se metiera en la discusión y le ordenara al juez Casanello y al fiscal Picardi indagar sobre el origen de los audios. Lo cierto es que el fiscal tomó esas grabaciones solo como noticia del hecho criminal y a partir de ahí consiguió prueba independiente. Nada distinto a lo que ocurre cuando llega a los tribunales una denuncia anónima. Con una gran diferencia: aquí suena la voz de un exfuncionario público, aparentemente grabado en un bar de la zona de tribunales.

Por cierto, Spagnuolo no podrá decir que no sabía lo que pasaba bajo sus narices con las contrataciones de Andis. Se lo hizo saber un empresario que le reclamó que lo dejaran competir.

andis Spagnuolo

El fiscal Picardi consignó, en su primer dictamen de más de 270 páginas, los correos electrónicos de un intercambio entre Garbellini, Spagnuolo y el empresario Luis Cella, quien denunció corrupción en el organismo.

El 11 de septiembre de 2024, Cella le escribió a Spagnuolo reclamando no haber recibido comunicación de Garbellini para concertar una reunión, a efectos de incorporar a Prevent S.A. en el Programa Incluir Salud. Estaba reclamando poder competir. Allí le refirió que, de no convocarse la reunión, realizaría la correspondiente denuncia y remató: “Es inentendible que en un gobierno liberal como el que preside nuestro presidente vendan medicamentos solo 4 o 5 empresas, designadas arbitrariamente”.

Spagnuolo reenvió el correo a Garbellini, con copia a Bibiana Lourdes Bianco, que también ocupaba un cargo jerárquico en Andis. Bianco compartió con Spagnuolo otra credencial: ambos fueron incluidos en el poder que le otorgó Javier Milei a Francisco Onetto para que lo represente en causas judiciales. ¿El presidente le pagó a dos de sus tres abogados con cargos en Andis?

Cuando se presentó como testigo, el empresario Cella reconoció los intercambios y afirmó tener “mucho tiempo de experiencia en la industria farmacéutica”. Al explicar por qué Prevent no lograba participar como proveedora, sostuvo le “tienen bronca muchas personas del sector” y que se trata de “un círculo muy cerrado”. Según su testimonio, en los medicamentos de alto costo “es muy difícil establecer un costo”, lo que permite “simular compulsas” y manipular los precios.

Los investigadores quisieron saber a qué se refería con “simular compulsas”. Y repondió “que se acuerdan los oferentes para fijar precios altos y dividirse los pacientes”. Aseguró que cada droguería conserva aproximadamente “un veinte por ciento de lo que compra Incluir Salud”, y citó entre las principales a Suizo Argentina, Del Sud, 20 de Junio y Dhiemo. La Suizo Argentina es la principal sospechada. La fiscalía trabaja estos días en el análisis de los documentos secuestrados. Hay en el expediente un testimonio que apunta a un gerente de la Suizo como alguien con capacidad para ordenar lo que pasaba dentro de la Agencia.

La historia de la presunta corrupción en Andis tiene, incluso, una escena inicial que parecería exagerada si fuera ficción. Se trata de una conversación a la que llegó el fiscal Picardi al secuestrar más de una decena de teléfonos celulares.

"La agencia la va a manejar Diego Spagnuolo, abogado de Milei. Hay que llegar a Karina Milei. Ella es quien define todo". Corría enero de 2024 y esa conversación se activaba en un grupo de WhatsApp cuyos integrantes buscaban capturar una caja del Estado. El grupo está integrado, entre otros, por Garbellini y Pablo Atchabahian, señalado como el “armador”, un hombre que controlaba el negocio ilegal desde afuera del Estado.

Alguien escribiría en la misma charla que habría buenas posibilidades para disfrutar de cuatro años de gestión y luego “todos a Tenerife”. Se relamían.