Quiénes son los jueces que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso son los magistrados que resolvieron la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta para ejercer cargos públicos.

En cuanto al delito de asociación ilícita dos de los integrantes del Tribunal , los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, concluyeron que "no ha podido demostrarse" y en disidencia sobre este punto votó el tercer magistrado Andrés Basso.

Jorge Gorini es magistrado de Comodoro Py desde el año 2011, tras la designación de la propia Cristina Kirchner y, previamente, titular del juzgado criminal 36 nombrado por Néstor Kirchner.

Entre sus causas más resonantes están la condena a la exministra de Economía Felisa Miceli, en 2012, su intervención en la investigación del atentado a la AMIA y, también, en el juicio oral por la tragedia de Once y fue partícipe de la condena por un juicio oral a Marcelo D’Alessio por extorsión.

Rodrigo Giménez Uriburu es el juez que causó mayor polémica. Como presidente del Tribunal, es recordado por haber protagonizado el episodio con el mate que tenía la foto del Liverpool, equipo que compartía con el fiscal Diego Luciani y que jugaba en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Fue por ese mismo motivo que fue acusado de parcialidad y Cristina Kirchner pedía su recusación.

En cuanto a su carrera, el magistrado fue designado para su cargo en el año 2011, sobre el final del primer gobierno de Cristina Kirchner. Tuvo participaciones similares a las de su par Gorini, la venta de los terrenos del predio ferial de palermo a la Sociedad Rural Argentina y la represión durante el gobierno de Fernando De La Rúa.

Andrés Basso, por su cuenta, tiene 51 años y es un juez prestado desde el Tribunal Oral Federal N°3 dado que es el reemplazante de Jorge Tassara, quien murió en 2019. Con una vasta carrera en los tribunales de Lomas de Zamora y La Plata, logró ser designado en 2015, antes de que Cristina Kirchner dejara su segundo mandato.

Entre las causas más importantes de las que participó se encuentran el caso AMIA y la causa OIL Combustibles. También es docente de la escuela judicial del Consejo de la Magistratura y de Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Tras conocerse los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner, ¿cómo sigue la causa Vialidad?

Tras conocerse los fundamentos del veredicto que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros imputados en la llamada "causa Vialidad", se abre la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.

El Tribunal Oral Federal 2 concluyó que entre 2003 y 2015 hubo "manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez", según consta en los fundamentos de 1.616 carillas difundidos.

Ahora, rige un plazo de 10 días hábiles para recurrir con la apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país. La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.

Se estima que todas las partes ya comenzaron a preparar sus apelaciones.

Las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.

Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.

Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado; el de administración fraudulenta.

Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.

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