Preocupan al Gobierno las causas que no se cierran

En ese contexto, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico ordenaron revocar el archivo de la causa y ordenaron realizar las medidas solicitadas por la querella con el objetivo de intentar identificar al policía agresor. "No se agotó la identificación con base en otros signos distintivos del uniforme, piezas de la indumentaria, rostro visible, etcétera. A nuestro modo de ver, transitar ese curso de acción es auspicioso en virtud de lo reducido del grupo de estudio; además, es una medida que se puede complementar con las nuevas imágenes que se incorporen (de otras fuerzas de seguridad)", señalaron los magistrados.

El fallo se suma a otros de mayor trascendencia en la discusión pública que se conocieron esta semana y que también generaron malestar en la Casa Rosada. El principal es aquel con el que los jueces Boico y Farah confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo, quien fuera abogado y funcionario de confianza de Javier Milei al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los jueces respaldaron el trabajo del fiscal Franco Picardi en el marco de una causa en la que se investiga a una presunta asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y empresarios para direccionar contrataciones a determinadas empresas.

En el expediente abundan los elementos para sospechar que Spagnuolo estaba al tanto de todos los desmanejos y que se beneficiaba con lo que proveía el también procesado lobbista Miguel Ángel Calvete, que podía ser desde muebles para su oficina hasta dinero en efectivo para un viaje.

Lo cierto es que quienes transitaron los pasillos de ANDIS aseguran que las irregularidades abarcaron cientos de millones de pesos e involucraron no solo a Spagnuolo y Calvete, sino también a personajes como Pablo Atchabahian, un hombre que estuvo en esa agencia durante el gobierno de Mauricio Macri, y a los empresarios a cargo de la droguería Suizo Argentina. Esa línea de investigación, sin embargo, permanece bajo la hermética custodia de la fiscalía.

De acuerdo con las grabaciones en las que se escuchaba la voz atribuida a Spagnuolo, la droguería Suizo Argentina era la encargada de la recaudación que luego llegaba, en parte, hasta la Secretaría General de la Presidencia. La voz invoca en esas maniobras a integrantes de la familia Menem y a la hermana del presidente, Karina Milei.

Los fallos salieron en días en los que el Gobierno aspiraba a que se dieran desacuerdos entre los jueces de la Sala Segunda del tribunal de apelaciones para que tuvieran que recurrir a sus colegas de la Sala Primera, donde el oficialismo se siente más cómodo. Allí se encuentra, por ejemplo, el juez Pablo Bertuzzi, a quien este gobierno nombró juez titular en esa instancia.

Bertuzzi fue uno de los jueces que convalidó el apartamiento de las querellas del caso $Libra que había decidido el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Se trata de la causa que más preocupa al Gobierno porque aparece imputado el propio presidente Milei, autor del posteo en la red social X que dio a conocer la existencia de la moneda $Libra, una inversión tramposa en la que cayeron miles de ciudadanos de todo el mundo.

Los querellantes ya se presentaron para reclamar que la Cámara de Casación reabra el caso, aunque en el Gobierno confían en que aún vendrán buenas noticias: van por el sobreseimiento de los imputados. Eso es lo que agitan desde las filas del núcleo duro del oficialismo.

El acercamiento entre el Gobierno y los jueces se dio en el marco de la estrategia oficial de avanzar lo más rápido posible en la cobertura de cientos de vacantes que había en el Poder Judicial. En ese contexto se multiplicaron las conversaciones. El efecto secundario fue que, al ver la velocidad con la que avanzó el Gobierno, otros actores de la política volvieran a proponer acuerdos para completar la Corte Suprema. En el Gobierno hay quienes reciben los comentarios, pero no avanzan porque es algo que "depende del Presidente".

Una idea instalada en la Casa Rosada es la de volver a proponer para la Corte al juez federal Ariel Lijo, que cuenta con el apoyo de algunos gobernadores. Pero quienes lo tratan aseguran que le interesaría más el cargo de Procurador General. El mismo cargo que, dicen en los pasillos del poder, interesa al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien ya desempeñó ese cargo, pero en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras el oficialismo apura nombramientos y sueña con sobreseimientos, hay expedientes que siguen abiertos y una alarma que no deja de sonar en la Casa Rosada.