Plan antipiquetes de Patricia Bullrich: la advertencia de un abogado constitucionalista

"Existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está castigada por el código penal. El derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga (entre otros)", aseguró el abogado constitucionalista.

Gil Domínguez recordó que la participación en una protesta pacífica "está exenta de una previa autorización", que los participantes pueden "elegir el contenido y los mensajes de la protesta", como así también, "el tiempo y el lugar" donde se llevará a cabo.

"La protesta puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias. Las condiciones en las que se presentan estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas. La limitación del derecho a la protesta pacífica debe ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar en la prohibición de su ejercicio", advirtió.

También recordó que "el Estado tiene el deber de no criminalizar a los líderes y participantes de las protestas pacíficas". Y respecto de los cortes de calles o ruta, indicó que "el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática".

En qué consiste el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad presentó su protocolo para sancionar y penalizar a las organizaciones sociales, sindicales, policías y personas que realicen cortes, bloqueos o piquetes.

El protocolo de Bullrich incluye la intervención de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal en los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales. Las fuerzas usarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente" la cual será graduada "en proporción a la resistencia".

Serán identificados todas las personas que participen, organicen o instiguen a la protesta. También se van a identificar a los vehículos y a los conductores utilizados para trasladar manifestantes y se impulsarán sanciones que pueden llegar a la incautación de los mismos.

Se le va a dar aviso al juzgado competente en caso de daño ambiental en los casos que haya quema de cubiertas. En el caso de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a sus responsables.

En caso de tratarse de los extranjeros con residencia provisoria en Argentina que participen en las protestas se les enviará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.

Se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos a cuales se les enviará la factura de todos los costos vinculados a los operativos de seguridad a las organizaciones o individuos responsables de las protestas.