Pedro Almodóvar, Diego Luna, Andy Muschietti y otras figuras del cine, contra la propuesta de Milei

El documento lleva la firma de estrellas del cine internacional como la actriz francesa Isabelle Huppert y prestigiosos directores como Walter Salles, Pablo Larraín, Asif Kapadia, Abel Ferrara, Aki Kaurismäki y Justine Triet, cuya película Anatomía de una caída fue la última ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

El proyecto de ley, actualmente en debate en el Congreso, pone en jaque el apoyo estatal al cine argentino mediante la eliminación de algunas de las fuentes de ingresos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la modificación de su estructura. La financiación del INCAA no es aportada por los contribuyentes, sino de las asignaciones de derechos de la industria audiovisual. El proyecto de ley también prevé la supresión de la financiación de la escuela de cine estatal ENERC y la eliminación de la cuota de pantalla para las películas argentinas en los cines.

"Las leyes propuestas suponen una reducción total del fondo de promoción, destruyendo también la autonomía del Instituto del Cine. Esta única medida hace imposible nuestro trabajo. Además, las ocho sedes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), pública y gratuita, en todo el país dejarán de recibir financiación", continúa el comunicado.

Tras una reacción inmediata de la industria cinematográfica local -que incluyó discursos en el Congreso de los directores Santiago Mitre y Lucrecia Martel, y de los productores ganadores del Oscar Vanessa Ragone y Axel Kuschevatzky-, el capítulo cultural del proyecto de ley fue revisado y modificado. Pero las modificaciones, anunciadas ayer, son vistas por muchos como insignificantes.

"El proyecto de ley ofrecía un Drácula, y después de que 'casi’ lo cambiaran, ahora ofrecen un Frankenstein", dijo un productor y miembro de Cine Argentino Unido al Buenos Aires Herald.

Por ejemplo, la nueva versión establece que no se afectará el financiamiento del INCAA, pero sigue incluyendo un artículo que establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de redistribuir los fondos de los entes autárquicos. Esto significaría que el Presidente podría quitar los fondos del INCAA y destinarlos a otros organismos del Estado en cualquier momento.

Se eliminan las cuotas de pantalla para las películas locales, así como el requisito de que una película debe estar hablada principalmente en español para ser considerada argentina y poder optar a una subvención. Por lo tanto, cualquier película extranjera rodada en Argentina podría solicitar financiación estatal.

En el proyecto de ley original, la red de escuelas públicas de cine del INCAA (ENERC) quedaba totalmente desfinanciada. La nueva versión establece que no más del 25% del presupuesto del INCAA debe destinarse a la gestión interna, limitando seriamente la financiación necesaria para mantener en funcionamiento las escuelas ENERC.

Tanto Martel como Ragone habían afirmado que los profesionales del cine están de acuerdo en la necesidad de reformar la estructura y el sistema de financiación del Instituto Nacional de Cinematografía, pero que esto debería producirse luego de un proceso de debate informado.

En su intervención en el Congreso, Martel dijo que la lectura del proyecto de ley revela que quienes lo redactaron "no se comunicaron con el sector, o lo hicieron con prejuicios hacia la industria cinematográfica, quizá por falta de tiempo o por desconocimiento, y aún estamos a tiempo de remediarlo".

"Sugiero que los proyectos de ley que regulan el cine se hagan una vez que el Gobierno aprenda cómo funciona el cine, en lugar de ofrecer normas improvisadas", concluyó.