Operación contra la AFA: no se presentó a declarar un presunto testigo clave

Luego recordó que "a través de una denuncia, la Fiscalía de los EEUU inició una investigación, hoy se conformó el gran jurado para ver si hay alguna falta. A partir de aquí, recién empieza la investigación, hoy no hay ningún citado. Se hablaba de un testigo que podría realizar alguna presentación. Por el momento no hemos visto a nadie".

De esta manera, hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, el empresario Javier Faroni, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.

Por ahora, solo quedó conformada una investigación preliminar, a cargo del Departamento de Justicia, los fiscales federales y el FBI, para determinar el presunto uso de cuentas y sociedades en Estados Unidos para dar lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.

Revés judicial

No es la primera vez que la causa sufre un revés judicial. El 22 de julio la AFA emitió un comunicado para desmentir versiones periodísticas y aclaró que es "absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos". La entidad negó también que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

“La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, sostuvo la AFA..

El documento en cuestión, explicó, “no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.

Además, señaló que la difusión de esa información, a la que calificó como “inexacta o deliberadamente tergiversada” genera “una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”.