Mensajes de ida y vuelta

Los representantes de los organismos de Derechos Humanos no se opusieron al planteo de Baños. Pero hicieron observaciones que quedaron asentadas en el acta de la reunión: explicaron que el edificio que se pretende prestar fue oportunamente asignado por convenio al ministerio de Justicia, durante el gobierno de Cambiemos, pero que nunca se utilizó porque hubo problemas de obra con las remodelaciones; además remarcaron que a esos edificios no pueden ser trasladadas personas detenidas y que se debe respetar el protocolo de conservación.

Un comunicado que generó malestar

El ministerio de Justicia, sin embargo, decidió publicar un comunicado falaz que generó malestar entre quienes trabajan y cuidan la exEsma. “Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad”, informó la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En el ministerio Público Fiscal evalúan por estas horas cómo reaccionar al anuncio, aunque descartan que puedan mover hasta allí a las fiscalías ubicadas en el barrio porteño de Retiro. Se podrían ubicar allí oficinas administrativas y liberar las que actualmente se utilizan en el centro porteño para esas sí ponerlas a disposición de las fiscalías. No les cierra.

Antes, el ministerio de Justicia había enviado otro mensaje, pero dirigido a los jueces y a su personal. “El ministerio de Justicia realizará una propuesta sobre la reasignación de personal para la implementación del Código Penal Procesal Federal en CABA”, se informó en un comunicado que tuvo recorrido acostado y que ni siquiera llegó a las redes sociales de la propia cartera. En ese texto se explicaba que se le había pedido información a la Cámara Federal de Apelaciones y a la instancia homóloga del fuero Penal Económico.

Esa información, aunque el ministro lo desconozca, ya se encuentra en manos del poder Ejecutivo, a través del Consejo de la Magistratura. El Consejo integra el órgano tripartito de implementación del sistema acusatorio que también reúne a la Procuración y a la Defensoría General de la Nación.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura es Sebastián Amerio, secretario de Justicia y hombre de confianza del poderoso asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque sus allegados dicen que se siente muy cómodo en ese lugar, en la mesa chica del gobierno lo dan hace tiempo como primer candidato para la Procuración General de la Nación, que se encuentra bajo interinato desde que el macrismo empujó de esa silla a Alejandra Gils Carbó. De todas formas es una discusión que se hará carne antes de las elecciones legislativas y que dependerá de la nueva conformación del Congreso.

Cadena de responsabilidades

Las noticias judiciales también vuelan en dirección contraria. Esta semana, tras casi 9 meses, fue procesado el policía federal que tiró gas lacrimógeno a una menor de edad en una manifestación frente al Congreso en la que se pretendía defender los derechos de los jubilados. Es el caso de la niña Fabrizia y su madre quienes, representadas por el abogado Gregorio Dalbón, lograron que se individualizara al policía y que lo procesaran por abuso de autoridad y por lesiones leves.

Dice el fallo del juez Sebastián Ramos que el policía Cristina Rivaldi “arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de la normativa vigentes y aplicable al caso”.

No es muy difícil pensar que un criterio similar será utilizado para el caso del gendarme que le disparó una posta de gas lacrimógeno en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo cuando hacía su trabajo en una manifestación de las mismas características. La pregunta que resta: ¿se evaluaran estas actitudes como parte de un plan represivo para poder escalar en la cadena de responsabilidades?

El caso $Libra

Otra noticia generó malestar en la Casa Rosada esta semana: en el caso Libra, donde se investiga si el presidente Javier Milei fue parte de una estafa a través de cripto activos, el fiscal Eduardo Taiano pidió que se identifiquen las líneas de teléfono que usa el mandatario, su hermana Karina Milei y los criptoemprendedores imputados Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Mauricio Novelli. El paso siguiente es hacer un cruzamiento de llamadas que incluirá también un número de teléfono que daba el creador de Libra, Hayden Davis, en los hoteles en los que se hospedaba en Argentina.

El caso $Libra altera los humores del Poder Ejecutivo. Con la comisión parlamentaria bloqueada por el presidente Martín Menem que no habilita la discusión para resolver las autoridades y destrabar el empate 14-14, todas las miradas están puestas en el Poder Judicial.

Algunos creen, incluso, que toda esta tensión puede aparecer reflejada en un expediente judicial de altísimo voltaje. El juez federal Ariel Lijo, tiene bajo su cargo, una causa que investiga quienes fueron los que, en un fin de semana de abril, intrusaron las oficinas de Encuentro Federal, un el edificio que está a metros del anexo del Congreso.

Las sospechas son las peores. En Encuentro Federal, de hecho, creen que fue un mensaje intimidatorio por el papel activo de Nicolás Massot en la comisión de $Libra. Lo investigadores ya habrían identificado a los asaltantes, que se fueron sin llevarse dispositivos electrónicos de valor que quedaron junto al resto de los materiales revueltos. Se trata de personas con antecedentes y movedizas, a las que aún no lograron atrapar. Especialistas, dirían los que siguen la causa. Mensajes de ida y vuelta.