Malvinas, una afirmación de identidad: la trama de derecho, historia y geografía detrás del reclamo argentino

Pero la disputa no se agota en la geopolítica. Las islas representan también un territorio de enorme riqueza en recursos naturales. La explotación pesquera y, más recientemente, el interés por los hidrocarburos, han reactivado tensiones. En la actualidad, las empresas Navitas Petroleum de Israel y Rockhopper Exploration del Reino Unido avanzan en el proyecto denominado Sea Lion, con planes de extracción petrolífera en la cuenca norte hacia 2028.

Frente a este escenario, Argentina ha expresado su disconformidad, no solo reafirmando su soberanía sobre el archipiélago, sino también considerando estas actividades como ilegales y clandestinas en virtud de la ley 26.659. Este tipo de explotación unilateral no sólo contradice la normativa argentina, sino también resoluciones de organismos internacionales como la ONU y el Comité Especial de Descolonización.

Ahora bien, ¿por qué el Reino Unido sostiene que las Malvinas son británicas? Más allá de que encuestas en territorio británico evidencian un escaso apego emocional hacia las islas —como la publicada por el Daily Express—, la posición oficial se apoya en tres pilares: la administración continua desde 1833, la presencia histórica desde el siglo XVIII y el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. En este sentido, el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes optó por continuar como Territorio de Ultramar Británico, es utilizado como argumento central.

Sin embargo, aquí aparece uno de los puntos más controversiales. El principio de libre autodeterminación de los pueblos, que adquirió relevancia tras la Primera Guerra Mundial con la creación de la Sociedad de las Naciones, estaba pensado para pueblos originarios sometidos a dominación extranjera. En el caso de Malvinas, la población kelper es considerada una población implantada tras la ocupación británica de 1833, lo que vuelve discutible su aplicación en este contexto, ya que serían sencillamente colonos británicos.

En este marco es cuando resulta, al menos, incómodo el posicionamiento expresado por el presidente argentino Javier Milei en su discurso del 2 de abril de 2025, cuando afirmó: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos". La frase se estrella contra dos contradicciones evidentes. Por un lado, si Argentina mantiene una actitud pasiva frente a la explotación hidrocarburífera en la cuenca norte —que avanza sin control nacional—, difícilmente los isleños encuentren incentivo para modificar su situación actual, más aún si su renta per cápita se incrementa gracias a los nuevos hallazgos de petróleo. Por otro, tensiona la oposición que sostenemos los argentinos al principio de autodeterminación.

El repaso de la posición argentina, en cambio, se apoya en una construcción jurídica, geográfica, e histórica sólida que tiene múltiples antecedentes de preocupación por el archipiélago. Desde los primeros años de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1810, se aplicó el uti possidettis juris, en el que los nuevos estados independientes heredaban territorios que había pertenecido a la corona española al momento de la emancipación. Un principio que sostenía: "como poseías de acuerdo al derecho, seguirás poseyendo", que sirvió para evitar disputas fronterizas y territoriales entre los estados nacientes. Esto otorga a Argentina un título jurídico en base a la sucesión de estados previo a la ocupación efectiva. Un criterio que hace que las Islas Malvinas formaran ya desde entonces parte del nuestro territorio, porque los antecedentes históricos del Reino de Castilla refuerzan la posición.

La navegación y los derechos de conquista en el Atlántico Sur habían sido otorgados al Reino de Castilla por el Tratado de Alcáçovas de 1479, y posteriormente delimitados por el Papa Alejandro VI en el Tratado de Tordesillas, que estableció las áreas de influencia entre España y Portugal.

Ya en tiempos independentistas, las islas eran consideradas parte del territorio nacional. José de San Martín las menciona en una carta enviada a Antonio Beruti en agosto de 1816, donde propone el traslado de presos a Malvinas y la Patagonia con la intención de incorporarlos a la lucha. No se trataba de una mención casual: revela conocimiento del territorio y de su valor estratégico desde los albores de la nación.

En 1829, Juan Manuel de Rosas respaldó la designación de Luis Vernet como comandante político y militar de las islas. Vernet se estableció en Puerto Soledad, desarrollando actividades ganaderas y pesqueras, y consolidando una administración efectiva. Ese período se vio interrumpido por conflictos con intereses extranjeros, incluyendo tres ataques estadounidenses que derivaron en la intervención de fuerzas argentinas al mando de José María Pinedo en 1832. Ese contexto de tensiones abrió el camino para la ocupación británica de 1833, que desalojó a las autoridades argentinas y dio inicio a la disputa moderna.

La ocupación anterior a 1833 no es un detalle: es un hito central que demuestra el ejercicio efectivo de soberanía por parte de Argentina. Paul Groussac publicó en 1910 Las Islas Malvinas, una obra fundamental que sistematiza con rigor documental los derechos argentinos sobre el archipiélago que cualquier ciudadano de nuestro país debería leer y que se encuentra a disposición en red, y que fue escrita con motivo del centenario de la Revolución de Mayo. La obra detalla la usurpación británica y las reclamaciones argentinas, convirtiéndose en una referencia clave incluso para legisladores como el socialista Alfredo Palacios.

A este andamiaje histórico se suma un dato científico contundente como es el que las Islas Malvinas forman parte de nuestra plataforma continental. No se encuentran en el lecho oceánico profundo, sino sobre la extensión natural del territorio nacional, lo que en 2016 fue validado por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, reconociendo derechos sobre el lecho marino y el subsuelo.

Si bien este reconocimiento no logra resolver la cuestión soberana, fortalece nuestra posición en términos geológicos y jurídicos. De este modo, la plataforma continental deja de ser una cuestión técnica para convertirse en pieza central en la estrategia diplomática y en la proyección de soberanía nacional en el Atlántico Sur.

Es así que Malvinas deja de ser solo un reclamo para convertirse en una síntesis de historia, derechos, recursos, geografía y memoria. Es una herida abierta, pero también una afirmación persistente de nuestra identidad. Porque cada argumento, cada documento, cada dato, construye con certeza la idea de que la soberanía no es una consigna vacía: es una construcción histórica que exige ser defendida con conocimiento, con firmeza y con la responsabilidad de no ceder, ni siquiera en el lenguaje, aquello que forma parte de lo que somos.