Una serie de documentos enviados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió que el consorcio encabezado por los empresarios Juan y Patricio Neuss realizó una clásica maniobra financiera de las privatizaciones en Argentina: financiar la adquisición de una compañía con sus propios activos. Tras la venta de la participación estatal en la transportadora de energía eléctrica Transener impulsada por el Ejecutivo, los nuevos adjudicatarios se encontraron con un fondo de reserva en la empresa.
Los Neuss, en la mira: la polémica maniobra para financiar la compra de Transener con reservas de la empresa
Se trata de unos documentos enviados a la Comisión Nacional de Valores que advirtieron que los hermanos financiaron la adquisición de la compañía con sus propios activos.
La transferencia accionaria se concretó hace unos días, pese a que el anuncio de la privatización fue en mayo. En este marco, la nueva conducción de la compañía acordó repartir $253.535.989.514 en efectivo entre sus propietarios, lo que representan casi dos tercios de los u$s356 millones desembolsados por el grupo Neuss para administrar la compañía cuya cotización fijada por el Gobierno quedó muy por debajo de su valor real de mercado.
Según consignó La Política Online, Transener expuso el 27 de agosto que su directorio decidió distribuir $253.536 millones mediante "la desafectación parcial de la cuenta de reserva destinada al pago de futuros dividendos". Un día después, la empresa Genneia informó el traspaso de las acciones que tenía Enarsa en Citelec hacia Transmisión Eléctrica S.A., la sociedad en conjunto por Genneia y la filial Edison del grupo Neuss.
En tal sentido, Transener asignó casi $522.590 millones a una cuenta de reserva para futuros dividendos durante una asamblea realizada el 30 de abril. Después de cuatro meses y con el nuevo directorio, se repartieron $253.536 millones. Se trata de un capital acumulado por la firma con anterioridad al cambio de manos y no de utilidades generadas por la nueva gestión.
Transener se trata de un activo neurálgico para el sistema eléctrico argentino ya que opera la red de transporte de alta tensión y administrar más de 12.000 kilómetros de líneas de 500 kV a lo largo del país. La estructura de control de la compañía se articula a través del holding Citelec, dueño del 52,65% del paquete accionario.
Antes de la privatización, el capital de Citelec se dividía en partes iguales entre Pampa Energía y la estatal Enarsa, esquema mediante el cual el Estado tenía una participación cercana al 26,32% en la transportadora.
El Gobierno se desprendió del activo con una licitación del 50% de Citelec, para lo cual el Ministerio de Economía fijó un valor base de u$s206 millones. El proceso atrajo tres propuestas: Edenor ofertó u$s230 millones, Central Puerto se estiró a u$s301 millones y el grupo integrado por Genneia y Edison (del grupo Neuss) se impuso con u$s356 millones.
Los Neuss, envueltos en otro escándalo: investigan una "cadena de ilegalidades" en la privatización de represas hidroeléctricas
Las privatizaciones con las que el Gobierno nacional pretende recaudar entre este año y el próximo unos u$s2.300 millones siguen generando polémica. Ahora, la Fundación Soberanía amplió la denuncia en la provincia de Neuquén para que se investigue la privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, porque “responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”. De comprobarse, la operación podría declararse nula.
Entre las firmas beneficiadas por la privatización apuntada se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.
Según la denuncia, se terminó de constituir “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”.
En el documento al que tuvo acceso en exclusiva Ámbito, se describe una “cadena de ilegalidades”, que se compone de cuatro eslabones que apuntan directamente contra el ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
- Elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación;
- Subvaluación de activos gracias a la participación del BICE y la confesión de la finalidad recaudatoria;
- La Identificación de los beneficiarios: El Mismo Patrón se Repite, y
- La Consumación de la Ilegalidad: El concurso "Sin Base" y el Apuro Fiscal.
El eje inicial de los cuestionamientos es el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación, bajo la conducción de Julio Villamonte. El TTN, que funciona dentro de la órbita de la cartera de Economía, quedó expuesto, de acuerdo con la presentación, porque no se respetaron los tiempos necesarios para que desarrolle la labor para la que fue creado y, a la vez, porque el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo no fue “una tasación objetiva, sino la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”.
La causa está siendo tramitada en el juzgado federal de General Roca, encabezado por el magistrado Hugo Greca.
últimas noticias
La Plata: un conductor alcoholizado se incrustó en una casa y una niña resultó herida
Hace 13 minutosCuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este martes 1 de septiembre
Hace 14 minutosHoróscopo de hoy, mates 1 de septiembre
Hace 28 minutosRestricción judicial: Éver Banega no puede salir del país por incumplir la cuota alimentaria
Hace 40 minutosOpenAI explicó qué le sucedió a su inteligencia artificial cuando decidió atacar a otra compañía
Hace 48 minutos