Las autoridades nacionales completaron la segunda ronda ante Reino Unido: "Es ahora o nunca"

La Argentina sostiene que el tribunal arbitral que deberá resolver la controversia tiene competencia prima facie, es decir, que existen fundamentos jurídicos suficientes para considerar, de manera preliminar, que la disputa involucra la interpretación o la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En términos concretos, la Argentina sostiene que, mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. El tribunal puede expedirse sobre esta cuestión sin siquiera tratar la cuestión de soberanía.

El daño irreversible y el “ahora o nunca”

Nico Schrijver tomó el estrado luego de Kohan y concentró su exposición en la urgencia y el riesgo de daño irreparable. Explicó que la situación cambió sustancialmente con la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025: Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación, con hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

Schrijver cerró su exposición con una advertencia estremecedora sobre la urgencia de la intervención del Tribunal al señalar que, una vez perforado el primer pozo de explotación, el daño será irreversible y no habrá recursos por preservar. En una sala colmada de tensión y bajo la atenta mirada de la delegación británica, se dirigió directamente a los jueces con una advertencia categórica: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo” y concluyó: If not now, it will be never”, es ahora o nunca.

El cierre de la posición argentina

Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente designado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, estuvo a cargo del cierre de los argumentos argentinos, reafirmando que la República Argentina acreditó pruebas y fundamentos jurídicos suficientes para acreditar el cumplimiento de los cuatro requisitos exigidos para el dictado de medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia.

Oyarzábal rechazó el intento del Reino Unido de tergiversar los argumentos argentinos y desviar deliberadamente el eje de las audiencias, procurando instalar que la Argentina estaba discutiendo la soberanía de las Islas Malvinas, cuando el objeto del procedimiento fue siempre muy claro: solicitar medidas provisionales urgentes para impedir la explotación unilateral de recursos naturales en disputa. El Consejero Legal de la Cancillería argentina expuso la maniobra británica que intenta presentar el caso como una controversia sobre soberanía territorial para cuestionar la competencia del Tribunal y pretender que la solicitud argentina sea rechazada.

Por último, reiteró formalmente las cuatro medidas solicitadas: impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion; evitar el uso perjudicial de información obtenida mediante exploración; permitir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino; y prevenir nuevas medidas que agraven la controversia.

Concluidas las audiencias, resta ahora esperar la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Si bien no existe un plazo establecido para su pronunciamiento, el antecedente de la Fragata Libertad, cuya resolución demandó aproximadamente tres semanas, ofrece una referencia. Sin embargo, cada día que transcurre vuelve más urgente la necesidad de impedir que el Reino Unido avance con la explotación de recursos naturales en disputa.

Fuentes allegadas a la delegación argentina remarcaron que confían en la solidez de su estrategia jurídica y en el rigor técnico de los argumentos presentados, pero dejan en claro que la defensa de sus derechos soberanos continuará cualquiera sea la decisión del Tribunal. ”El reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución” y aclararon: “Esta instancia tiene por objeto obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado.”

Manifestaron también que “la República Argentina continuará utilizando todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales. Lo haremos con la misma excelencia profesional, firmeza y rigor técnico que hemos demostrado en estos años de gobierno de Javier Milei, y si: es ahora o nunca” señalaron desde el entorno del equipo legal.

La delegación argentina, que se encuentra trabajando en Hamburgo en el marco de la misión oficial del caso, está compuesta por un equipo jurídico de primer nivel, integrado por María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los reconocidos internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.