La Libertad Avanza pedirá el juicio político a la jueza que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

Según se informó oficialmente, legisladores libertarios junto a un equipo técnico “trabajan en una presentación” contra la magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

La Libertad Avanza considera que la decisión de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, explicaron.

“Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la Provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”, agregó Pareja.

Para cerrar, el responsable político de LLA afirmó que “esta decisión deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente. La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”.

Qué argumentó la jueza para suspender la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

En su fallo, la jueza Pascual advirtió que la reglamentación podría violar los derechos humanos: "Lo que corresponde analizar es si existen circunstancias objetivas que permitan concluir que la aplicación inmediata del régimen establecido por la ley 27801 pueden ocasionar una lesión grave, actual o inminente a derechos fundamentales de las personas adolescentes privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires".

En tal sentido, remarcó que el Estado podría no tener los recursos ni los lugares adecuados para detener a los jóvenes. "En síntesis se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia", señaló.

En tanto, la magistrada señaló que la ley llevaría a un notorio incremento en la cantidad de personas presas: "Este aumento si bien será progresivo y por lo tanto llevará un tiempo hasta evaluar el incremento definitivo en la cantidad de personas detenidas, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas".

La reglamentación quedó establecida a nivel nacional mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. El organismo tendrá a su cargo la implementación del régimen, el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la articulación con las distintas jurisdicciones.

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