La Ley Ómnibus busca aprobar el juicio por jurados y que los magistrados tengan toga y martillo

En tal sentido, el jurado deberá estar compuesto por hombres y mujeres en partes iguales y deberán residir en la circunscripción judicial en la que se produjo el suceso, aunque si el hecho conmocionó a una comunidad de tal modo que no se pueda contar con un jurado imparcial, el acusado podrá pedir con una decisión fundada en audiencia pública, el juez podrá determinar que el proceso se lleve adelante en otra circunscripción.

En tanto, también se establece que los magistrados deberán usar toga negra y martillo para la conducción de los debates, ya que en el artículo 52 del proyecto se marca que "el debate será dirigido por el juez que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal. El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia".

El Ministerio de Justicia afirmó que exministros recomendaron el juicio por jurados

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se reunió con predecesores hace unos días en un encuentro "para compartir experiencias, intercambiar opiniones y recibir consejos".

En una publicación en su cuenta de la red social X, la cartera de Justicia detalló que "los ex ministros recomendaron poner en marcha el Código Procesal Penal en todo el país, agilizar los juicios, cubrir la vacante en la Corte Suprema, implementar el Juicio por Jurados, crear juzgados especializados en adopción y continuar con los Centros de Acceso a la Justicia".

El traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad

En el proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso se impulsa el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en el plazo de tres años.

En el proyecto se indica que "instrúyese al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años".

Con respecto a la Inspección General de Justicia (IGJ) se marca que "estará a cargo de un Inspector General, que la representa y es responsable del cumplimiento de esta ley". También se detalla que "el Inspector General será designado por el Poder Ejecutivo Nacional de una terna propuesta: uno por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y dos por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires".

"El Inspector General deberá reunir las mismas condiciones y tendrá idéntica remuneración e incompatibilidades que los jueces de las Cámaras Nacionales de Apelaciones", se agregó en la iniciativa.

La Ley Ómnibus que envió Milei al Congreso