El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ordenó este miércoles la liberación del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, que permanecían detenidos desde el 19 de noviembre en la Unidad Penal 1 de Paraná, dado que la Justicia consideraba que había riesgo de fuga mientras se revisa la condena a 8 años de cárcel por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado que pesa sobre el mandatario provincial.
La Justicia de Entre Ríos ordenó liberar al exgobernador Sergio Urribarri
El Superior Tribunal de la provincia resolvió revocar la resolución de la Cámara de Casación de Paraná, que había dispuesto el traslado a la cárcel del exmandatario y su cuñado, mientras aguardan la revisión de su condena a 8 años por presunta corrupción.
En un fallo dividido, el STJ integrado por Leonado Portela, Germán Carlomagno y Miguel Ángel Giorgio resolvió revocar la resolución de la Cámara de Casación de Paraná que había hecho lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para disponer el traslado a la cárcel de Urribarri y Aguilera.
El fallo dispuso "hacer lugar a los recursos de impugnación extraordinaria interpuestos por los defensores técnicos de los imputados Juan Pablo Aguilera y Sergio Daniel Urribarri contra la resolución Nº 262 dictada el 19 de noviembre de 2024 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal la que, en consecuencia, se revoca, por arbitrariedad".
También dispuso "el cese de las prisiones preventivas de los encausados Juan Pablo Aguilera y Sergio Daniel Urribarri, y el restablecimiento de las medidas de coerción impuestas por el Tribunal de Juicio y Apelaciones el 5 de septiembre de 2024". Así, aguardarán en libertad ambulatoria la resolución de su caso.
“La prisión preventiva es la medida cautelar de coerción personal más severa posible y por ende reviste carácter excepcional”, advirtió el tribunal superior con la composición de feria.
El exgobernador se encontraba detenido desde el 19 de noviembre, tras haber sido condenado por la Justicia provincial en abril de 2022 por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el cargo, ya que consideró probado que dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales. El fallo fue confirmado por Casación provincial en 2023.
Los camaristas hicieron lugar entonces a una apelación del fiscal y mencionaron "tratados internacionales" que comprometen a la Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el "deber de investigar, juzgar y castigar" estos delitos con "una mayor intensidad".
En el caso se dilató el cumplimiento de la sentencia condenatoria que aún no está firme, "con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad" de "no respetarla", advierte la sentencia. Los camaristas aludieron a riesgo de entorpecimiento de la causa penal.
Casación había ordenado también la detención de Aguilera, exfuncionario legislativo y cuñado de Urribarri, condenado dentro de la misma causa a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos contra la administración pública. También está condenado el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
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