La Justicia dictó este martes una medida cautelar por seis meses para paralizar los despidos y el cierre de dependencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La resolución judicial se originó a partir de una presentación interpuesta por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente al plan de achique gubernamental.
La Justicia frenó el cierre de una dependencia del INTA, suspendió los despidos y prohibió al Gobierno vender los inmuebles
A través de una medida cautelar por seis meses, un juez federal ordenó el cese inmediato del desmantelamiento de la estructura del organismo tecnológico y de la supresión de puestos laborales.
El fallo del juez federal de San Martín Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto decretó la inmediata suspensión de la normativa oficial motorizada por el titular del organismo, Nicolás Bronzovich. Dicha orden establecía la eliminación de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la baja de nueve sucursales y la cesión de terrenos al Estado para su posterior venta.
El magistrado calificó la medida gubernamental como "manifiestamente arbitraria e ilegítima, por carecer de motivación suficiente, fundarse en normativa presuntamente carente de vigencia, contrariar el régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y afectar derechos de raigambre constitucional y convencional vinculados con el acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y la estabilidad del empleo público".
Con base en esos argumentos, la Justicia ordenó a la dirección del INTA "abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades".
El gremio ATE rechazó el ajuste oficial sobre las dependencias del Estado
El titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, festejó la victoria judicial y reafirmó que "otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno". Tras acusar a la gestión de operar "al margen de la ley", prometió continuar la pelea "en todos los planos" y remató: "Se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada. La motosierra se debilita. Les queda poco".
Además del intento de clausurar instalaciones, el Ejecutivo había efectivizado durante el mes de mayo un esquema de retiro voluntario para el personal permanente del INTA. El Consejo Directivo del instituto avaló la creación de este mecanismo con la meta explícita de achicar la planta en un mínimo de mil empleados.
El sistema ofrecía una gratificación extraordinaria de un sueldo y medio por cada año de antigüedad para el personal con más de tres años de labor ininterrumpida. A cambio del dinero, los beneficiarios tienen prohibido volver a trabajar en el Sector Público Nacional por cinco años, con la única excepción de ejercer labores docentes en universidades nacionales.
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