Adorni, feria judicial y después

El teléfono dejó de sonar. Ya nadie pregunta por Manuel Adorni. El exjefe de Gabinete, confeso evasor impositivo, quedó solo, de toda soledad, ante la Justicia federal. Desde su salida del Gobierno, nadie volvió a intentar contactar a los investigadores que lo tienen en la mira para frenar el avance de la causa. La insistencia, de todos modos, no había dado frutos antes.

Por estas horas, en los tribunales federales de Comodoro Py se respira una tensa calma. Quienes transitan el edificio encallado en el barrio porteño de Retiro aseguran que el fiscal Gerardo Pollicita trabaja en un extenso requerimiento de justificación para que el exfuncionario explique cómo logró el nivel de vida que tuvo mientras ejerció la función pública.

Ese requerimiento no se produjo antes porque recién el viernes el fiscal recibió el informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) sobre lo solicitado en el marco de este caso. Se trata de un informe en el que quedaron plasmadas todas las inconsistencias entre el nivel de vida que se le descubrió a Adorni y el que había asentado en sus declaraciones juradas.

El documento incluso señala que en la información presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción no aparece explicación alguna sobre las correcciones en su patrimonio. En una entrevista televisiva, Adorni aseguró que amasó su fortuna con increíbles inversiones en criptoactivos que se había olvidado de declarar. En el expediente no aportó datos sobre ello. Por eso, los investigadores lo invitarán a explicar el incremento patrimonial sin justificación aparente, que pasó de $25,6 millones a $944,5 millones, según las declaraciones juradas corregidas del jefe de Gabinete.

Sin precisar un número final como resultado del análisis, queda claro que los gastos detectados por la fiscalía no encuentran justificación en el sueldo del exfuncionario ni en los ahorros que traía declarados cuando llegó a la función pública. Todo conduce al pedido de justificación que el fiscal Pollicita terminará de pulir con su equipo durante la feria judicial.

El también exvocero presidencial tendrá que explicar cómo hizo para comprar un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, a la cual además le habría agregado u$s245 mil para remodelarla a nuevo.

El caso Adorni no será el único de los que el mileísmo sigue con atención que arroje novedades judiciales tan pronto como termine la feria judicial. Entre el 10 y el 14 de agosto, el juez federal Sebastián Casanello tomará indagatorias en una causa en la que se investiga la contratación aparentemente irregular de la empresa HTECH INNOVATION por parte de la Obra Social de los Trabajadores Rurales (OSPRERA), que habría generado un perjuicio patrimonial de $374.594.899,85 a abril de 2026.

Ocurre que entre los convocados están el exinterventor Marcelo Petroni, aparentemente ligado a Eduardo "Lule" Menem, y uno de los socios de la empresa, Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem en otra firma que no está involucrada en esta causa.

A partir de agosto también esperarán noticias judiciales el economista José Luis Espert, "el profe", y el abogado Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ambos hombres que solían tener acceso directo y preferencial al presidente Javier Milei.

Espert ya fue indagado por presunto lavado de dinero en el caso que lo vincula al lavador confeso Federico "Fred" Machado, preso en Estados Unidos. El economista asegura que el dinero que recibió de Machado fue por un trabajo para una empresa minera guatemalteca. La excusa es difícil de creer para la Justicia: dice que le iban a pagar un millón de dólares –la Justicia detectó el pago de una cuota de 200 mil– por un trabajo enfocado en reestructurar una deuda de 5 millones que tenía esa empresa. De ser cierto, sería el trabajo mejor pago del mundo en términos proporcionales. El juez federal Lino Mirabelli ya está en condiciones de resolver su situación procesal.

Spagnuolo, en tanto, ya está procesado por irregularidades en contrataciones realizadas desde Andis durante su gestión. Pero ahora está sumergido en una situación autoprovocada: la Justicia avanzará con un peritaje de las grabaciones en las que se lo escucha hablando de coimas y asegurando que el sistema llegaba hasta la secretaria general de la Presidencia.

Esas grabaciones, que trascendieron en los medios y fueron tomadas como noticia criminal, no fueron utilizadas por el fiscal Franco Picardi para formular las acusaciones contra los imputados. Ahora el juez Lijo resolvió –a instancias de la Cámara Federal porteña– no solo hacer el estudio pericial sino también convocar a Spagnuolo para que aporte lo que se conoce como "cuerpo de voz", es decir, ser grabado de modo de generar un material indubitable. La alternativa es tomar su voz de algún reportaje que haya dado, probablemente un material de peor calidad pero igual de incuestionable.

El problema más grave que afronta el extitular de Andis es que, si no logra derribar esas grabaciones, les habrá atribuido una importancia mayor de la que actualmente tienen y entonces complicará a la hermana del Presidente.