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La Justicia archivó la denuncia contra Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos

La jueza María Servini dispuso el archivo "por imposibilidad de proceder". La Fiscalía concluyó que la denuncia presentada por 15 diputados de La Libertad Avanza no describía ningún hecho concreto y que abrir una investigación habría sido una "excursión de pesca" contraria a las garantías procesales.

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  • La jueza federal María Romilda Servini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de Comodoro Py, archivó este miércoles la causa contra la diputada Marcela Pagano iniciada a partir de una denuncia de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza. La magistrada dictó la medida por la "imposibilidad de proceder" ante la ausencia de delitos.

    Un total de 15 diputados oficialistas habían denunciado a Pagano por presunta omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito a través de su pareja, Franco Bindi.

    La denuncia agregaba una "hipótesis investigativa" de asociación ilícita con financiamiento extranjero, construida sobre supuestos vínculos con diplomáticos de Venezuela, Irán y Rusia y con el ex presidente boliviano Evo Morales.

    El fiscal desestimó las sospechas sobre las declaraciones juradas de la funcionaria tras constatar el orden de sus operaciones inmobiliarias. Ratificó que la compraventa de los departamentos ocurrió antes de su asunción en el Congreso.

    La Justicia descartó la obligación de declarar los bienes de Bindi por la sola existencia de una hija en común. El dictamen definió esta presunción como "una clara intromisión en la esfera de la intimidad de las personas".

    El Ministerio Público rechazó la existencia de retornos y nexos internacionales

    El fiscal también desestimó la hipótesis sobre la contratación de personal parlamentario para el supuesto cobro de retornos. Advirtió que en la denuncia "ni siquiera se explica el motivo por el cual se sospecha tal inferencia".

    La imputación por asociación ilícita y financiamiento extranjero tampoco prosperó durante la etapa de instrucción judicial. El dictamen señaló que "no se describe una organización criminal, ni los roles, ni un plan criminal determinado".

    Servini aplicó la doctrina judicial que prohíbe las acusaciones vagas para impedir una verdadera "excursión de pesca". La jueza argumentó que la continuidad del proceso iría en contra de "las garantías procesales de las que goza todo justiciable".

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