Javier Milei confirmó el envío al Congreso del proyecto de reforma electoral

Con una representación legislativa más sólida y el respaldo de aliados, en la Casa Rosada creen que esta vez podrían avanzar con una reforma que en los últimos dos años quedó a mitad de camino. El proyecto entrará este miércoles en la Cámara de Diputados, y luego irá al Senado.

Uno de los ejes centrales del plan oficial es eliminar de manera permanente las PASO. El Congreso ya había aprobado su suspensión por única vez en 2025, pero si no se sanciona una nueva ley, el mecanismo volvería a regir en las elecciones de 2027. Desde el Gobierno consideran que las primarias generan un desgaste innecesario para el electorado y encarecen el proceso electoral.

Además, el mandatario sostuvo que la reforma electoral busca terminar con los privilegios de la política y cambiar el esquema de financiamiento: se mantendrían los aportes estatales para el funcionamiento básico de los partidos, pero se eliminarían los fondos públicos para campañas, que pasarían a autofinanciarse. Además, el proyecto endurece las condiciones para crear y sostener partidos, con más afiliaciones y requisitos legales, con el objetivo de evitar la proliferación de “sellos” sin actividad real.

Otro punto en discusión es introducir cambios en la Boleta Única de Papel, sistema que ya fue aprobado por el Congreso. La intención del oficialismo es reincorporar el casillero de “lista completa”, que permitiría al votante seleccionar todas las categorías de un mismo partido con una sola marca. Ese casillero fue eliminado durante el debate legislativo por presión de partidos provinciales, que argumentaron que genera un fuerte efecto arrastre en las elecciones.

Por último, la Casa Rosada volvió a poner en escena la discusión por Ficha Limpia, pero ahora como parte de un paquete más amplio de reforma política. La iniciativa retoma una propuesta que ya había sido rechazada en el Senado el año pasado y apunta a impedir que puedan ser candidatas las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos. En el oficialismo creen que integrarla dentro de una reforma mayor puede darle más volumen político y evitar que vuelva a quedar aislada en el debate parlamentario.