Fundamentos del fallo contra Cristina Kirchner: para el Frente de Todos "es un intento de proscripción"

“La causa vialidad es una causa viciada de nulidades y de todo tipo incumplimientos constitucionales en todo proceso, ya que no respetó el derecho de defensas”, señaló en diálogo con C5N.

Consultada por una posible candidatura a presidente para las Elecciones 2023 por parte de la vicepresidenta, podría impulsar a la Justicia a adelantar los tiempos para su detención, Siley descartó esa posibilidad y agregó: “Nosotros creemos, pedimos y soñamos que un país mejor puede ser con Cristina presidenta”.

“Esto es una persecución política y el eje es en función de las medidas de Gobierno y del modelo económico que imperó en nuestro país hace 20 años atrás. Este proceso está impulsado por Juntos por el Cambio”, sostuvo.

Ahora, la fiscalía y la querella tiene 10 días para apelar las justificaciones.

Causa Vialidad: los fundamentos de la condena contra Cristina Kirchner

El Tribunal destacó que llegó “a una conclusión unánime sobre la responsabilidad penal de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner por los hechos que son objeto de este juicio”. Por eso “confirma la acusación fiscal” contra la vicepresidenta por el “delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en calidad de autora”.

Para los jueces, existió “una promiscua y absoluta confusión” entre las “dimensiones pública y privada”, la cual estuvo “marcada por acuerdos espurios entre las personas interesadas”. En concreto, hablaron de “prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial” con el objetivo de beneficiar a Néstor y Cristina Kirchner.

Además, aclararon que no tuvieron en cuenta los fragmentos del alegato donde el fiscal Diego Luciani hizo mención a las declaraciones de Lázaro Báez en la causa “Cuadernos”, ya que previamente habían rechazado incorporarlas a la causa. Esto implica “la exclusión de toda consideración que se haya hecho sobre el punto”.

Según los fundamentos, quedó “demostrado” que las obras viales licitadas en Santa Cruz “fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.