Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña fueron procesados por explotación laboral

La pareja y el dirigente Osmar Quintín Gómez fueron denunciados por Sergio Schoklender en 2010 durante la construcción de viviendas en el programa Sueños Compartidos.

La medida fue dictada por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien además les impuso un embargo de $31 millones.

La denuncia fue hecha en 2010 por el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, contra el matrimonio líder del movimiento MTD 17 de Julio y el dirigente Osmar Quintín Gómez, este último detenido por el supuesto abuso sexual de una docente.

En el contenido, acusaba a los Sena de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11, entre otros delitos.

De qué fueron acusados Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar Quintín Gómez

En el marco de la construcción de viviendas a nivel nacional, el programa Sueños Compartidos era la planificación de casas en el predio excampo de tiro, en la ciudad de Resistencia, a partir de un convenio entre la provincia del Chaco y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Como contrapartida, los trabajadores recibieron una beca del programa “Chaco por vos” de $500 mensuales, los cuales percibieron durante diciembre de 2008 y enero/febrero de 2009. Pero, según la denuncia, Sena les dio la orden de que no fueran más a cobrar la beca porque tenía que dársela a otros.

Sumado a eso, los trabajadores denunciaron que, tras ser contratados por Sena, Acuña o Quintín, estos le prometían trabajo registrado y una vivienda para sus familias, sin embargo, nunca sucedió.

De acuerdo a la investigación que siguió el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, los acusados no respetaban la jornada laboral de 8 horas obligándolos a permanecer muchas más horas y hasta, incluso, Sena solía ordenar a los gritos que colocaran un candado para que nadie saliera del predio.

También aseguraron que el pago era a condición si cumplían con la orden de Sena y una vez que les pagaban, los obligaban a entregar a los acusados una parte del mismo para la compra de alimentos, herramientas, pero también hacer gorras, banderas y camisetas del movimiento piquetero que lideraban.

Además, debían aportar dinero para conformar un fondo de asistencia para los compañeros que no tenían y a algunos les hacían firmar los recibos de sueldo por la suma de $1.500 y solo les entregaban $1.000.

Asimismo, las condiciones de trabajo no eran dignas, pues los hacían comer en el piso y bajo el control por parte de autoridades los escondían.

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