El proyecto de ley que propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" con dinero fugado del exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos, comenzará a ser debatido este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores.
El Senado comienza a debatir el proyecto para pagar la deuda del FMI con capital fugado
La propuesta del Frente de Todos será tratada en las comisiones de Legislación y Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa, que propone crear un "aporte extraordinario" sobre los bienes radicados afuera del país y modificar el secreto bancario, bursátil y fiscal, será tratada a partir de las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, en el marco de una reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
Mientras el kirchnerismo busca apurar el debate, el interbloque de Juntos por el Cambio ya adelantó su postura: la rechazará de plano.
Se trata de los proyectos de Ley 535 y 536. El primero crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional y el segundo modifica la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
Sostiene el texto que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un desembolso del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares. El proyecto indica que "en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%", y quienes no se allanen al pago podrán ir a prisión.
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