El PRO presentó un proyecto para que no puedan ser indultados los condenados por delitos de corrupción

En medio del debate por la condena a la expresidenta Cristina Kirchner, el bloque de Diputados del PRO presentó un proyecto de ley para excluir del beneficio del indulto a aquellos funcionarios que fueron condenados por delitos por corrupción.

La iniciativa surgió pocas horas después de que la exmandataria sea notificada de su condena a seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos e inicie el cumplimiento de la pena en el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 aceptó el pedido de la expresidenta, quien deberá utilizar tobillera electrónica y cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas permanecer en el domicilio fijado "salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente".

En ese contexto, la diputada del partido amarillo, Silvana Giudici, presentó una iniciativa que busca modificar la ley 27.156 la cual detalla quiénes no pueden ser objeto de la absolución. “El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, indicó.

En detalle, el texto propone modificar la Ley 27.156 la cual establece, en su primer artículo, que "las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga".

En ese sentido, la legisladora del partido que preside Mauricio Macri, pero muy alineada con el gobierno de Javier Milei, planteó incorporar en la norma los delitos contra la administración pública y aquellos relacionados con hechos de corrupción, entre ellos abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

“Lo que pretendemos es evitar que, por decisiones políticas futuras, puedan resultar anulados fallos judiciales con condena firme contra quienes hayan cometido graves actos de corrupción contra el Estado”, señaló.

El documento fue firmado por los diputados más cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre ellos Sofía Brambilla; Sabrina Ajmechet; Martin Ardohain; Emmanuel Bianchetti; Florencia de Sensi; Gerardo Milman; Maria Sotolano y Germana Figueroa Casas, además de María Eugenia Vidal.