El Gobierno amplía las facultades de la Policía y las fuerzas de seguridad federales para combatir las ciberestafas

La decisión llega luego de que se habilitara el "ciberpatrullaje" en mayo de este año, cuando se permitió realizar estas tareas en los casos vinculados con: amenazas y otras formas de intimidación o coacción; venta o permuta de artículos cuyo origen, presumiblemente, provenga de la comisión de un acto o de un hecho ilícito u obtenidos en infracción a las disposiciones aduaneras; y falsificación y comercialización de instrumentos públicos en sitios web y otros espacios virtuales.

Además, esta forma de monitoreo es aplicable para conductas que puedan comportar situaciones de acoso; amenaza o extorsión de dar publicidad a imágenes sin consentimiento; trata de personas y tráfico de personas; lavado de activos; terrorismo; venta libre de elementos para los cuales se requiera autorización o dispensa legal; y cualquier otro delito del que se pueda obtener noticia a través del ciberespacio.

"El constante avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos", señala la norma en sus considerandos.

"Esto se traduce en la realización de múltiples maniobras delictivas tales como defraudaciones y estafas coloquialmente denominadas ‘piramidales’, donde se busca captar ahorros a modo de supuestas inversiones prometiendo retornos irreales en moneda de curso legal, extranjera o en activos virtuales, hasta artilugios más complejos como auténticas acciones que constituyen el delito de intermediación financiera no autorizada", añaden.

Esta situación "genera en las víctimas profundos perjuicios económicos por los que deviene necesario trabajar en la prevención de dichas acciones antes de que se materialicen".

Sin embargo, hay límites: según lo señalado en la resolución, "las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no podrán acumular información recabada con motivo de las investigaciones previas realizadas y, una vez concluida la actividad preventiva o decidida la no judicialización, deberá destruirse el material y datos obtenidos".