El acuerdo con el FMI por DNU: el Gobierno desafía una vez más al Congreso

La jugada del Gobierno fue estratégica: primero anunció el envío de un proyecto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso, para luego confundir los tantos y decir que enviará un DNU para ser aprobado por el Parlamento. Parece similar, pero hay grandes diferencias.

En primer lugar, hay que aclarar que todos los Decretos de Necesidad y Urgencia pasan por el Congreso -más tarde o más temprano- para su aprobación o rechazo. Si bien el Ejecutivo tiene diez días hábiles para el envío luego de su publicación, luego no hay deadlines de los congresales para darle tratamiento al asunto. Por caso, dependerá de la trascendencia del contenido de ese DNU y, en mayor medida, cuanto interés tiene la oposición de intentar voltearlo.

Esto significa que el Ejecutivo emitirá el Decreto y el mismo tendrá validez mientras las Cámaras debaten si se aprueba o se rechaza. El Gobierno no sólo gana tiempo con esta decisión, sino que también tira la pelota a la oposición, quien tendrá que encargarse de juntar los votos para su rechazo en ambas Cámaras. El mecanismo es exactamente el mismo que con un proyecto de ley, pero en este caso, sería para anular el decreto y no para darle su aprobación a la iniciativa.

Las críticas de un sector de la oposición no tardaron en llegar, en su mayoría, a través de sus cuentas de X. El argumento principal para explicar por qué no puede aprobarse el acuerdo con el FMI por DNU, radica en el artículo 2° de la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán.

La norma establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

El diputado del Frente Patria Grande, Itai Hagman, publicó una serie de considerandos sobre el comunicado del Gobierno. “El Gobierno no “manda” DNUs al Congreso. El Gobierno decreta y eso queda vigente hasta que el Congreso lo rechace. Que no te tomen de gil”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “En 2021, en el Congreso aprobamos un proyecto que obliga a que todo programa de endeudamiento con el FMI debía ser aprobada por ley”.

En la misma línea, el senador rionegrino Martín Doñate, tituló su posteo “NO VAMOS A RECONOCER ESTE ENDEUDAMIENTO ILEGAL” y explicó que se trata de un DNI inconstitucional por no pasar por el Congreso, violar la ley 27.612 y no tener legitimidad ni cumplimiento legal.

Por su parte, el cordobés de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño explicó que se trata de una “herramienta de dudosa constitucionalidad para esquivar al Congreso”. Mientras que el radical Martín Tetaz, calificó de “insólito” el envío del acuerdo con el Fondo por DNU y manifestó en declaraciones a la prensa que “la palabra del Presidente se devalúa muy rápidamente” ya que, “hace sólo dos días se comprometió ante el Congreso a enviar un proyecto de ley.

No obstante, en los aliados del PRO y buena parte de la oposición dialoguista, están a la espera del decreto mientras mantienen cierta discreción y prudencia antes de posicionarse públicamente. El antecedente de la aprobación del acuerdo con el FMI enviado por el ex presidente Alberto Fernández es uno de los argumentos que se sostienen en este sector.

Como ya ha sucedido en reiteradas oportunidades, desde la Ley Bases hasta el bloqueo de la creación de una comisión especial para investigar el caso $Libra, el rol de los gobernadores que tienen línea directa con diputados y senadores de sus provincias, será central. Se espera que el oficialismo haga valer una vez más estos vínculos para reducir las posibilidades de fracaso.

La oposición más dura tendrá el desafío de buscar los votos para su rechazo en ambas cámaras, con posibles fugas dentro de sus bloques en caso de que juegue el peso de los gobernadores. El antecedente del megaDNU 70/23, que fue rechazado por una sola de las cámaras y continúa vigente deja a las claras las dificultades para sus detractores.