La "Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública", impulsada por el ministro de Economía del gobierno del Frente de Todos y aprobada por el Congreso en 2021, surgió en respuesta al préstamo de u$s44.000 millones contraído por el gobierno Mauricio Macri en 2018.
Un DNU debe ser rechazado por ambas cámaras para que deje de tener vigencia.
La "Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública" es una normativa impulsada por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue aprobada por el Congreso en 2021 y tiene como objetivo principal establecer un mayor control legislativo sobre el proceso de endeudamiento del país con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Surgió en respuesta a la deuda contraída por el gobierno Mauricio Macri en 2018, cuando Argentina acordó un préstamo con el FMI por u$s44.000 millones sin intervención del Congreso.
La ley establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso. Asimismo, los acuerdos futuros con el FMI deberán también ser aprobados por el Parlamento, garantizando así una mayor transparencia y debate público sobre estas decisiones.
En el Artículo 2º, la ley indica que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".
Con la normativa se buscó evitar que futuros gobiernos asumieran compromisos financieros internacionales sin la aprobación legislativa, reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento y asegurando que el proceso sea discutido democráticamente.
Sin embargo, ahora, el Gobierno del presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obtener el apoyo del cuerpo en nuevo acuerdo con el Fondo, contrariamente a lo que indica la Ley Guzmán sancionada en 2021.
Luego de intensas negociaciones, el gobierno de Alberto Fernández logró cerrar en marzo de 2022 un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By firmado en 2018 por la administración de Juntos por el Cambio, que casualmente tenía a Luis Caputo al frente del Ministerio de Finanzas.
En aquel momento, el gobierno del Frente de Todos elevó al Poder Legislativo un proyecto que incluyó como anexos la totalidad de los documentos que conformaron el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.
El entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrió a ambas cámaras a explicar todos los detalles del acuerdo. Estuvo ocho horas en la Cámara de Diputados y cinco en el Senado respondiendo preguntas. Con la firma del acuerdo de 2022, la deuda no aumentó en un solo dólar.
En este caso, la carta blanca que le está pidiendo el gobierno de Javier Milei a los legisladores equivale a la firma de un pagaré en blanco, cuando la ley indica claramente que el Congreso debe aprobar todo programa de financiamiento u operación de crédito público.
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