Domingo Cavallo advirtió que el RIGI "discrimina ponen en desventaja a millones de empresas"

Sobre los controles de cambio, el autor ratificó su postura en contra de las actuales restricciones financieras. Explicó que su propuesta "apunta a conseguir rápidamente la baja de la tasa real de interés y eliminar los sesgos anti exportador y anti inversor" mediante la libre movilidad de capitales y la acumulación de reservas.

Según el texto, el problema en contra de la iniciativa privada "se manifiesta principalmente en las dificultades de los potenciales inversores para conseguir financiamiento a tasas de interés razonables". Ante esto, propuso reducir el costo de los préstamos en el mercado interno y facilitar el acceso al crédito externo.

Asimismo, precisó que el obstáculo a las ventas externas "se mide por la divergencia entre el tipo de cambio efectivo de exportación y el tipo de cambio efectivo de importación". Cavallo atribuyó esta falla a políticas perjudiciales como el cobro de retenciones o "la falta de respeto a la protección de la propiedad intelectual".

El economista exigió mayor libertad para el desarrollo productivo y rechazó las ventajas corporativas específicas. "Las economías emergentes necesitan dotar a sus estructuras productivas de amplia flexibilidad y agilidad en la asignación de sus recursos humanos y de capital para adaptarse rápidamente a las cambiantes circunstancias mundiales", puntualizó.

Finalmente, desestimó la efectividad de los esquemas de tipo de cambio alto sin la apertura previa del mercado cambiario. Recordó que el modelo aplicado en 2002 con el “Plan Fénix” acentuó los desajustes, provocó la desaparición del crédito y explicó así el bajo crecimiento nacional a pesar del contexto internacional favorable.

Qué es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

Se trata de un marco legal diseñado por el Gobierno para atraer capitales millonarios, tanto nacionales como extranjeros. Este esquema busca impulsar sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura mediante proyectos de largo plazo.

Para ingresar al sistema se exige un desembolso mínimo de u$s200 millones a cambio de importantes beneficios fiscales y cambiarios. Las empresas adheridas acceden a rebajas impositivas, exenciones aduaneras y la libre disponibilidad de las divisas generadas.

El atractivo principal del régimen radica en que garantiza estabilidad jurídica, cambiaria y tributaria total por un período de 30 años. Este blindaje legal protege a los grandes inversores contra futuros cambios normativos o vaivenes económicos en el país.