Dirigentes e intelectuales firman una solicitada en apoyo al juicio político a la Corte Suprema

Los firmantes reivindicaron la “cultura de la legalidad, de la vida en libertad y con justicia” ante un contexto donde, consideraron, Argentina se encuentra ante la “antinomia de la democracia o la mafia”.

La solicitada, publicada en los medios Página 12 y Tiempo Argentino, lleva las firmas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y Nora Cortiñas; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la dirigente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano.

También suscribieron el escritor y periodista Mempo Giardinelli; el sociólogo y politólogo Atilio Borón; la socióloga feminista Dora Barrancos; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, entre otros.

El apoyo al juicio político contra la Corte Suprema de la Nación

Según se detalló en el documento, el vínculo entre D'Alessandro y Robles favoreció “la entrega de la coparticipación -que corresponde a las provincias- a la ciudad puerto, corazón del capitalismo y el despojo”, al hacer referencia a los supuestos chats de conversaciones entre ambos funcionarios sobre ese fallo.

De esta manera y con esos argumentos, los dirigentes de distintos sectores manifestaron su apoyo al juicio político a la Corte para iniciar “un camino emancipatorio” y denunciaron “el uso espurio de la coparticipación en favor de la campaña política” del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“El aporte que la Corte Suprema pretende entregar al PRO es una operación comparable a la que Mauricio Macri implementó con el FMI al recibir para su campaña política de 2019”, señalaron.

Bajo ese contexto, recordaron que el préstamo de 45 mil millones de dólares “lo deberán pagar generaciones de argentinos, en un acto de saqueo de ese Gobierno y sus funcionarios, que aún no tiene castigo”.

Por otra parte, apuntaron a “la negociación abierta de licitaciones y coimas en el sistema de grúas, con adjudicaciones directas del jefe de Gobierno local”, en relación a los mensajes que circularon entre D'Alessandro, hoy en uso de licencia, y el empresario Marcelo Violante, que operaba ese servicio en la Ciudad.

De esa manera, señalaron que “los casos de connivencia” entre funcionarios del Poder Judicial con el Gobierno porteño “son una muestra de la injusticia a la que se somete diariamente a nuestro pueblo”.

También destacaron que “la peor emergencia del poder” se manifestó con la condena sin pruebas y la proscripción a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y afirmaron que la sentencia en su contra fue una “prolongación del intento de magnifemicidio”.

En ese sentido, pidieron por la necesidad de “lograr equilibrios renovados dentro del Poder Judicial” para así “terminar con un proceso de manipulación iniciado el 24 de marzo de 1976, nunca desarticulado en los años de democracia, y un régimen de justicia corporativa que responde a intereses ideológicos y de clase”.