Diputados vuelve a sesionar este miércoles con eje en créditos UVA y Ley contra la violencia digital

Uno de los temas prioritarios de la sesión especial del miércoles será buscar atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y busca modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

El temario incluye también el dictamen de producción orgánica, que tuvo un amplio consenso -aunque fue rechazado por el PRO-, y que busca dar estabilidad y previsibilidad al sector por un plazo de 10 años, y contempla diversos beneficios fiscales para emprendimientos de empresas pequeñas y medianas.

Se trata de una iniciativa presentada por el diputado oficialista Ramiro Fernández Patri, que establece que podrán ser beneficiarios del plan los productores y elaboradores -alcanzados por la ley de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica- que acrediten al menos un año de permanencia y cuya factura máxima se ubique en los parámetros establecidos para las empresas medianas.

Olimpia Argentina: proyecto de ley contra la violencia digital

La Comisión de Comunicaciones e Informática, que preside el diputado Pablo Carro (FdT), emitió dictamen de consenso al proyecto que reúne dos iniciativas y establece la modificación de la Ley 26.485 sobre Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, con el fin de incorporar la figura de la "violencia digital" como una modalidad de violencia.

Según los fundamentos de la norma, se conoce como “Violencia Digital o en Línea” a aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley.