Diputados dio dictamen favorable a la implementación de juicio por jurados y quedó listo para ser tratado en el recinto

Las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y de Justicia avanzaron esta tarde con el proyecto enviado por el Ejecutivo que pretende modificar el sistema judicial a partir de la participación ciudadana en delitos federales con penas mayores a cinco años.

El dictamen mayoritario tuvo el respaldado de los bloques mayoritarios con 89 firmas, aunque también se presentó uno de minoría firmado por los Fernando Brügge y Alejandra Torres, diputados del bloque Encuentro Federal. Según los legisladores cordobeses (donde ya existe el juicio por jurado, al que respaldan), se trata de un sistema caro. Y, en este momento donde el Gobierno insiste con que “no hay plata” para las universidades o los jubilados, resulta contradictorio que sí haya dinero para implementar este costoso sistema, explican desde este sector.

El juicio por jurados es una deuda de casi dos siglos del Congreso, ya que la Constitución de 1853 instruía al Poder Legislativo la redacción de una ley respecto de este tema. En este sentido, se expresaron varios diputados, uno de ellos, el titular de la comisión de Justicia, Manuel Quintar (LLA – Jujuy), quien destacó la “deuda histórica” de “estos nueve proyectos que estamos tratando”.

El opositor Fernando Carbajal (UCR) también destacó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques” con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia”. Hizo lo propio, Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria, que expresó: “Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia”.

Según la Asociación de Juicios por Jurados, el sistema de aplica en 12 provincias: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Neuquén. Sin embargo, no existe aún una ley que los regule a nivel nacional y federal -y eso es, precisamente, lo que busca este dictamen-.

Cómo serán los juicios por jurado

Los jurados populares estarán integrados por 12 civiles -con dos suplentes y paridad de género-. Deben ser ciudadanos mayores de entre 18 años y 70 años con dos años de residencia en la jurisdicción del hecho y saber leer y escribir. Serán sorteados para intervenir en los procesos y tendrán la obligación de cumplir con la manda. Quedan excluidos los funcionarios públicos, deudores o morosos, personas condenadas por delitos de lesa humanidad o quienes no posean aptitud física o psíquica.

El proceso será dirigido por un juez técnico y estos doce civiles serán quienes se encarguen de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. La deliberación del jurado es secreta y sus argumentos no serán públicos.

La única función del jurado es establecer la inocencia o culpabilidad del acusado. Tanto el monto de la pena, en caso de condena, como otros planteos que las partes puedan hacer durante el proceso -como pedidos de detención, libertades, nulidades- son decididas por el tribunal de jueces profesional. Además, el veredicto del jurado es inapelable.

La iniciativa fue el resultado del tratamiento de nueve proyectos sobre el tema. Se logró el consenso y la unificación de los criterios en el texto del dictamen de mayoría, aunque no se descarta que surjan nuevas modificaciones en el recinto.

Otra vez: jueces con toga y martillo

El texto que, se estima, será tratado en una próxima sesión en la Cámara de Diputados, incluye un artículo que ya fue tema de debate público. Dentro de las “Reglas durante el juicio”, el art. 49 expresa que “el debate será dirigido por el juez que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal”. Y en la siguiente oración, agrega: “El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia”.

Para los desmemoriados, en la redacción original de La Ley Bases, se incluía este mismo requisito para los jueces. No obstante, como el Gobierno finalmente retiró el capítulo jurídico en el marco de la negociación previa a su aprobación, esa perlita del texto fue eliminada. Ahora vuelve y se retoma la idea del atuendo típico de los magistrados en las películas estadounidenses.