Denunciaron a Patricia Bullrich por la represión a los jubilados en el Congreso

"La denuncia, que lleva la firma de Pietragalla en su calidad de presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, destaca que la protesta social se encuentra amparada por el artículo 14 de la Constitución Nacional y que reprimirla invocando la libertad de circulación vehicular resulta contrario a las leyes y tratados internacionales a los que se encuentra obligada la Argentina", dice el texto publicado.

El documento cita un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cual se afirma que "las protestas son indispensables para la consolidación democrática y, por lo tanto, constituyen un uso tan legitimo del espacio público como cualquier otro. De esa manera, no pueden suprimirse como forma de garantizar otros usos más rutinarios de estos espacios, como la actividad comercial o la circulación de personas y vehículos. En ese sentido, la CIDH ha destacado que las calles y plazas son lugares privilegiados para la expresión pública".

Luego, en el texto se acusa a Bullrich de haber dado órdenes de intervención en violación a su jurisdicción, dado que las fuerzas federales carecen de jurisdicción para "liberar" las calles de la Ciudad de Buenos Aires y "garantizar la circulación, tarea que es propia y exclusiva de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

"En definitiva, no sólo el objeto de la orden dictada por la ministra Bullrich en cuanto a la represión violenta de la protesta social es inconstitucional, sino que además dicha orden se da en exceso de su jurisdicción, en un lugar y con un objetivo (liberar las calles) para los cuales las fuerzas federales a su mando no tienen jurisdicción para actuar. Por esto también la orden de la ministra es ilegal", añade la denuncia presentada.

Según Pietragalla, la represión fue en contra de jubilados, sector que requiere "una especial protección por parte del Estado", en función de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Ante esa situación, la demanda pide que se inicie una investigación penal contra Bullrich y solicita que se ordene al Ministerio de Seguridad que se abstenga de intervenir en manifestaciones públicas que no pongan en riesgo la seguridad de los edificios nacionales y que tengan como objeto garantizar la circulación de calles que son ajenas a su jurisdicción.