Cristina Kirchner habló con The Washington Post sobre una eventual candidatura: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?"

La expresidenta también habló sobre su situación judicial y aseguró: "Estoy aquí por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos". "Que me digan dónde está el dinero. Sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel", agregó.

Por otro lado, Cristina se mostró autocrítica, reconoció errores del peronismo y habló de un "colapso de la cultura laboral". "La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno", marcó.

Lo que se necesita, afirmó, "son propuestas que la gente crea que pueden implementarse realmente, sobre todo para abordar las preocupaciones económicas cotidianas y la deuda".

Cristina Kirchner presentó un pedido ante la ONU para suspender su inhabilitación política y revisar su condena

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner hizo una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, donde solicitó la suspensión cautelar de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la revisión de la condena a seis años de prisión domiciliaria confirmada en la causa Vialidad.

A través de una adenda jurídica elaborada por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, la exmandataria sostiene que a lo largo del juzgamiento en la Argentina se vulneraron de manera sistemática las garantías procesales y los derechos fundamentales consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El escrito radicado ante la ONU incorpora tres hechos de especial gravedad institucional. En primer lugar, la defensa denunció una serie de actos de intimidación recientes, entre los que se destacan declaraciones públicas de jueces intervinientes, ejecuciones sobre los bienes de la expresidenta y constantes publicaciones hostiles realizadas por el presidente Javier Milei.

Asimismo, pone énfasis la filtración no autorizada de videos correspondientes al allanamiento realizado en 2018 en su vivienda privada de Recoleta, señalando que la exposición de sus espacios íntimos constituye una clara violación de su derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto.