La Corte Suprema de Justicia convoco al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos, Jorge Macri, y al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo a una nueva audiencia de conciliación por el conflicto de coparticipación federal. El encuentro será el próximo jueves 22 de agosto, a las 11.
La audiencia se concertará para destrabar el conflicto por los fondos coparticipables que Nación adeuda con la Ciudad desde diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema falló en favor del reclamo capitalino. El reclamo de parte de la gestión porteña al Ejecutivo es el pago de un incremento de 1,4% a 2,95% del porcentaje de fondos coparticipables por parte de Nación al GCBA.
Coparticipación Macri Caputo
Ambos funcionarios ya habían coincidido en un encuentro en el Ministerio de Economía, el pasado 19 de julio, donde estaba encaminada la salida del conflicto. El jefe de Gobierno porteño había dicho que “a partir del 1° de agosto se empezará a cumplir la cautelar de la Corte”.
Macri y Caputo habían anunciado un acuerdo para transferir el 2,95% de los recursos que gira Nación a las provincias en vez del 1,4% que el por entonces presidente Alberto Fernández decretó, en primer término, y después con una ley para redirigir a la administración bonaerense.
Además, la Ciudad y el Gobierno aceptaron ir a la Corte Suprema para que se defina cómo se devolverá el dinero que quedó pendiente desde que se emitió la cautelar que revirtió la decisión de la gestión anterior hasta ahora. La deuda es de unos 80 mil millones mensuales que abarca el período entre septiembre de 2020 y junio de 2024.
Coparticipación federal: un largo conflicto
El recorte de la coparticipación federal a Ciudad se había realizado para corregir un desbalance producido luego de que en 2016 Mauricio Macri subiera por decreto la coparticipación de la Capital de 1,4 a 3,75% debido a los gastos de la transferencia de la Policía Federal a CABA.
En 2020, mediante un decreto (735/20) y una ley (27.606), Alberto Fernández bajó la coparticipación de la Ciudad a 2,32% y se inició el conflicto, que incluyó reclamos de intendentes y gobernadores y audiencias entre las partes en las que no se llegó a un acuerdo. Ante la imposibilidad de acercar posiciones, la decisión quedó en manos de la Corte, que falló a favor del distrito porteño y dispuso la suspensión de la ley 27.606.