Chubut: el Gobierno pidió a la Corte que intervenga en la causa

A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo solicitó al máximo tribunal que inhiba al juez de Rawson que ordenó suspender el recorte de fondos a la provincia patagónica.

El Gobierno pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga por el conflicto originado con Chubut por la retención de fondos y que "inhiba" al juez federal de Rawson Hugo Sastre, que falló a favor de la provincia patagónica que gobierna Ignacio Torres.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de una publicación en su cuenta de la red social X, dos días después del revés judicial que tuvo el Gobierno en el conflicto por los recursos coparticipables.

"La Procuración del Tesoro de la Nación presentó hoy la primera acción de su estrategia respecto de la causa de Chubut por el Fondo Compensador del Transporte. Se le pidió a la CSJN que inhiba al Juez de Rawson y que intervenga por ser el Tribunal competente para ello, por corresponder la competencia originaria y por la trascendencia institucional de la cuestión", detalló el funcionario.

Adorni Chubut

La solicitud fue calificada por Adorni como "la primera de una batería de medidas para frenar la gravedad institucional sin precedentes de los fallos vistos hasta ahora que atentan no solo contra el mismo sistema de financiamiento a las provincias sino contra la libertad de poderes en sí misma".

El abogado y periodista Darío Villarruel explicó en El Diario que "el pedido de inhibitoria no es un per saltum", instancia en la que el máximo tribunal tendría que emitir un fallo definitivo, sino que implica "volver foja cero y hacer que el juez no esté más en la causa y que la Corte resuelva por tener competencia originaria exclusiva".

Sin embargo, la maña noticia para el Gobierno es que "hay jurisprudencia de que cuando hay un conflicto entre una provincia y el Estado es válido recurrir al juez federal", tal como lo hizo Chubut, precisó Villarruel, quien además advirtió que el fallo de Sastre sigue vigente hasta que la Corte se pronuncie.

Qué dice el pedido de inhibitoria que presentó el Gobierno ante la Corte Suprema

El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, junto con abogados apoderados de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, plantearon la incompetencia del Juzgado Federal de Rawson N°1, Secretaría Civil y Comercial N°1, y requirieron la intervención de la Corte Suprema.

El juez Sastre ordenó este martes al Gobierno nacional que suspenda la retención de fondos coparticipables a Chubut para el cobro de una deuda, a la vez que exhortó a las partes a arbitrar los medios necesarios para avanzar hasta lograr la cancelación o la refinanciación del préstamo.

Según informó Télam, el Gobierno argumentó que de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Nacional y "en virtud del convenio suscripto" entre Chubut y Nación, "en caso de conflicto o incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo en cuestión, el fuero judicial competente para dirimir tales conflictos es la CSJN en instancia originaria".

Ignacio Torres gobernador Chubut 3

Asimismo, señalaron que "la cuestión debatida versa sobre cuestiones vinculadas a la política económica fijada por el Gobierno Nacional" y "la consecuente distribución de subsidio", por lo que aseveraron que "la Justicia Federal de Rawson es incompetente para entender este supuesto".

Es por eso que solicitaron que la Corte Suprema se declare competente en la causa y ordene al juez federal de Rawson que se inhiba de seguir entendiendo en el expediente.

El gobernador Torres había reclamado a la Justicia el dictado de una medida "autosatisfactiva" contra el Estado Nacional para que "cese" la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.

En la demanda presentada por el mandatario chubutense se reclamó hacer cesar "la retención automática de fondos coparticipables" que "son utilizados como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables".

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