Causa Andis: Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py, pero no declaró

Daniel Garbellini también estaba citado a declarar este mismo martes, pero tomó la misma determinación de Spagnuolo y decidió no declarar.

En el marco de la causa que investiga maniobras de corrupción en el organismo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, llamó a declarar a exfuncionarios y empresarios del rubro médico imputados de formar parte de una organización delictiva que operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para defraudar a la administración pública mediante la manipulación de compras de medicamentos e insumos de alto costo.

Específicamente se indicó que "se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”.

Maniobras con insumos de alto costo

Conforme pudo acreditar el fiscal Franco Picardi, estos actos de corrupción se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios públicos de la ANDIS direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.

Hasta el momento, los nuevos hallazgos demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Los hechos descubiertos por la fiscalía ponen de manifiesto la relevancia pública del caso ANDIS: los insumos que se comercializaron de manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud.

Se trata, así, de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas, sillas de ruedas motorizadas, entre otros. Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.

El Programa Incluir Salud, que depende de la ANDIS, fue creado para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a esta población especialmente vulnerable.

Sin embargo, conforme fue identificado por el fiscal Picardi, en vez de cumplir con sus objetivos institucionales, los jefes de la organización criminal montaron allí un servicio ilícito de pagos permanentes para un determinado grupo empresarial, en perjuicio de las arcas del Estado y de la población destinataria de las políticas públicas de ANDIS.

Este servicio ilícito implicó, además, discrecionalidad en la autorización para comercializar con ANDIS; la remisión de información privilegiada para facilitar las adjudicaciones de compras y la coordinación de la cartelización empresarial; y la participación directa de empresarios en las decisiones institucionales.

Por ejemplo, en la contratación del personal; en la concreción de determinadas compulsas de precios; y, en la determinación de las empresas que resultarían adjudicatarias de dichas compulsas de precios.

La investigación que lleva ocho meses, ha dejado en descubierto que la ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.

El caso expone una enorme trama de corrupción que, en la actualidad, cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 personas sobre las cuales la Fiscalía, en esta oportunidad, solicita su llamado a indagatoria.

El fiscal Picardi continúa con la investigación de los hechos bajo la sospecha de la posible participación de otras personas físicas y jurídicas, sobre las cuales restan profundizaciones. Asimismo, forma parte de la investigación, el conocimiento acerca del circuito del dinero involucrado, en función de indicios que darían cuenta de posibles maniobras de lavado.

En función de la complejidad del caso, la fiscalía cuenta con la colaboración destacada de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).

Para el fiscal, la ANDIS fue puesta al servicio de empresarios, jugando con la salud de la población más vulnerable. Todo a cambio de la repartija de millones y millones de pesos.

Lijo, en la resolución en la que ordena las detenciones, también decretó la inhibición general de bienes de las personas y empresas involucradas. “Las hipótesis delictivas investigadas permiten advertir la posibilidad de maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos u objeto de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal Franco Picardi en el pedido a indagatoria brindó detalles de una nueva línea de investigación que va detrás de desvíos dentro del ente hacia un grupo empresarial reducido.

El listado de los 35 citados a declarar por el juez Ariel Lijo

De acuerdo con la resolución judicial, el listado de las 35 personas citadas a indagatoria y el cronograma de sus audiencias es el siguiente:

Abril de 2026:

• 28 de abril: Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini.
• 29 de abril: Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo.
• 30 de abril: Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.

Mayo de 2026:

• 5 de mayo: Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami.
• 6 de mayo: Oscar Alberto Capello, Guido Capello y Pablo Alejandro Rivero.
• 7 de mayo: Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen y Máximo Ariel Perdiechizi.
• 12 de mayo: Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués y Christian Sagués.
• 13 de mayo: Vicente Sagués, Lucas Sagués e Humberto Gabriel Maone.
• 14 de mayo: Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat y Gustavo Bernat.
• 19 de mayo: Vicente Vázquez, Nicolás Luna y Fabián Piedimonte.
• 20 de mayo: Lautaro Britez, Diego Miras Acosta y Fabián Parlakian.
• 21 de mayo: Matías Javier Palotti Bertola, Patricio Denholm y Alan Poccovi.
• 26 de mayo: Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

A todos ellos se les imputa formar parte de una organización delictiva que operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para defraudar a la administración pública mediante la manipulación de compras de medicamentos e insumos de alto costo. Además de la citación, el juzgado ha dispuesto la inhibición general de bienes para asegurar el recupero de activos ante una eventual condena.