Caso Oil: la fiscalía insiste con las condenas con un relato flojo y atemporal

En un nuevo intento de atropello contra el Grupo Indalo, el fiscal general Mario Villar solicitó que se revoquen las absoluciones en la causa Oil Combustibles y que se ratifique la condena contra el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Le alcanzó con un relato perezoso y atemporal el cual pretende conectar nombres de empresas, beneficiarios finales y presuntas relaciones con un flujograma flojo de papeles.

Para sostener el pedido de revocar absoluciones, Villar retomó argumentos de la instrucción de la causa de 2016, algo que deja de lado no solo la posición de las defensas de los accionistas de la petrolera Cristóbal López y Fabián De Sousa sino también todo toda la prueba complementaria recogida desde entonces (peritaje incluido) y casi tres años de contenido del juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 3.

De este modo, el fiscal insistió en señalar que Oil Combustibles "retenía" a los consumidores en las estaciones de servicio un porcentaje que correspondía al Impuesto a la Transferencia de Combustibles para luego realizar prestamos entre las compañías vinculadas al holding y así financiar su expansión.

Además, el funcionario hizo uso de su imaginación al plantear que toda la maniobra tenía por objetivo beneficiar al matrimonio Kirchner a través del pago de contratos de alquiler a la empresa inmobiliaria conocida como Los Sauces, un expediente que tiene a todos los imputados sobreseídos.

OilCombustibles

Es que, para Villar, la forma de probar un delito en el caso Oil sería a través de Los Sauces, un juicio que todavía no se realizó. A su vez, la principal hipótesis delictiva de esa causa es que esos alquileres esconderían un delito precedente justamente a través de Oil, donde hubo absoluciones tras tres años de testimonios y pruebas.

Se destaca un elemento que hace temblar ese argumento: los planes de pago de la AFIP que se discuten datan de 2013 y 2015, pero los alquileres de Los Sauces comenzaron en 2009, es decir cuatro años antes del delito que presuntamente los precedía.

El fiscal sostuvo la apelación apoyado en el requerimiento de instrucción de la causa y omitió que el propio Tribunal Oral, antes de empezar el juicio cuyo recurso se discute ahora en esta instancia, recortó la acusación solamente al otorgamiento por parte de la AFIP de dos planes de pagos generales y a dos planes de pago particulares a la petrolera Oil.

El juicio oral ya había dejado de lado así la mayor parte de la instrucción por improcedente. De hecho, la condena que recayó contra Echegaray solo incluyó los "particulares" y abandonó la idea de que los planes generales, que eran para todos los contribuyentes, hubiesen tenido algo irregular.

En la audiencia del miércoles, el fiscal añadió que el monto del perjuicio que habrían cometido los imputados se podía calcular con el peritaje y lo cuantificó en los montos totales de los dos planes de pago por $5166 millones. Eso no solo derribó completamente la versión inicial de los $8 mil millones que Ámbito había revelado con un peritaje de la Corte Suprema, sino que eludió que esa deuda reconocida por la propia empresa fue incluida en una actual moratoria por ley, pero que además, el propio fiscal que llevó adelante el juicio concluyó que no podía determinar el monto del perjuicio y había solicitado que se cuantifique en otro proceso. También se desconoció otro punto que tampoco había sido objeto de juicio: los préstamos entre compañías relacionadas al Grupo Indalo.

Fabián De Sousa

Con todas estas omisiones, Villar desafió a la mayoría del TOF 3 al tildar de "extraño" el veredicto y se remontó en el tiempo para retomar un hilo argumental que también fue pulverizado en el segundo tramo de la causa que liberó de responsabilidad a la mayor parte de los integrantes de la AFIP que habían participado del proceso de otorgamiento de los planes.

En la audiencia, que continuará el jueves 29, Villar alcanzó a responderle el defensor de Echegaray, reiterando que había sido una política general la de otorgamiento de planes particulares (unos 1648 en total) y que puntualmente los dos por lo que lo habían condenado tenían mayores exigencias de cumplimiento que otros.

Sin embargo, añadió que, como la causa había sido partida para acelerar el juicio oral, ninguno de los que participaron del expediente (y luego fueron desvinculados) pudieron declarar como testigos. Que Oil no hubiese estado empadronado en Grandes contribuyentes fue otro de los argumentos rebatidos, como también había ocurrido en el juicio, por ejercer controles idénticos y por tener una lupa especial por la magnitud fiscal que representa para la recaudación de una agencia.

De esta forma, con un argumento forzado, una hipótesis atemporal, omisiones severas del propio juicio y elementos ya desvirtuados en instancias anteriores, el fiscal terminó por pedir condenas de cumplimiento efectivo, en un expediente que, para el caso de López y De Sousa, ya cargó con la prisión preventiva por dos años en un caso en el que resultaron absueltos.