Casación ordenó el uso de las "reglas prácticas" para agilizar juicios de lesa humanidad

En su presentación, Slokar expresó su preocupación "por decisiones políticas que se traducen en la deslegitimación de los procesos de búsqueda de la verdad, la impunidad, la falta de reparación integral a las víctimas, el mantenimiento de marcos internacionales que han favorecido las violaciones, la reivindicación de violaciones cometidas en el pasado y la ausencia o el boicot de los programas de memoria".

En ese sentido, se refirió a las políticas llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei que, este miércoles y a través del Boletín Oficial, comunicó la eliminación de la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados, mediante el decreto 727/2024.

Este decreto le impide a la Comisión Nacional por el derecho a la Identidad (Conadi) hacer investigaciones y acceder a archivos que tengan que ver con la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado.

"El Estado está obligado a combatir tal situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos", señaló.

Además, resaltó "la importancia de preservar la memoria de las violaciones ocurridas, de proporcionar satisfacción a los familiares de la víctima y de contribuir a garantizar la no repetición de dichas violaciones".

Por otra parte, se refirió a los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, como por ejemplo la ex ESMA, los cuales "no puede perderse de vista su preservación con el objeto de facilitar las investigaciones judiciales".