El pasado viernes, y luego de la sanción de las primeras leyes impulsadas por el gobierno desde su arribo a la Casa Rosada, la ministra de Seguridad anunció que presentará ante el Congreso, un proyecto de ley que persigue la modificación de la ley penal, a fin de disminuir la edad de imputabilidad. Además, Patricia Bullrich manifestó que trabajó de manera conjunta con su par de la cartera de Justicia para llevar a cabo la confección del proyecto que buscará someter a proceso penal a los adolescentes de 13 años en adelante que cometieran delitos en el territorio nacional.
En la actualidad, la edad de imputabilidad se establece en 16 años. Asimismo, los niños de entre 16 y 18 años que cometen delitos penados por ley, son juzgados por un sistema distinto al que se aplica para los mayores de 18 años. No obstante, para aquellos delitos cuya tipificación establece penas mayores a dos años, existen los institutos y centros de recepción y contención de menores. Es decir que, si bien un menor que cometió un delito, comienza el cumplimiento de la pena en una cárcel común a partir de los 18 años, y previamente permanecerá privado de la libertad en un instituto de menores hasta alcanzar la mayoría de edad.
Si bien, tanto para La Libertad Avanza, como para Patricia Bullrich, este es un tema en agenda desde el inicio de la gestión, se abren algunos interrogantes para los que el gobierno no parece tener respuestas precisas.
Es de destacar que, a los fines de impulsar esta propuesta, desde el Poder Ejecutivo se citan algunos casos de gran resonancia pública, como el asesinato del playero de una estación de servicio en la ciudad de Rosario, hecho por el cual se detuvo a un adolescente de 15 años, acusado de ser el autor material del hecho. Asimismo, el ejecutivo refiere la utilización de menores de edad para la comisión de delitos por parte del crimen organizado. No obstante, no queda claro cuál es el plan de Gobierno para abordar esta problemática en su raíz: sin plantear políticas concretas para ir con firmeza contra la organización criminal, ni promoviendo alternativas para prevenir que los niños ingresen en esos círculos primarios de delincuencia, el anuncio se asemeja más a un titular sensacionalista, que a la búsqueda de respuestas serias frente a una demanda social urgente.
En Argentina, de la totalidad de los delitos graves, solo el 1% es cometido por menores de 16 años. Entonces, teniendo en cuenta esta información, tiene lugar el interrogante acerca de la efectividad real de esta medida a la hora de combatir la inseguridad.
El hecho de que los menores delinquen no es ninguna novedad, como así tampoco lo es que el Estado debe brindar una respuesta concreta a fin de reparar a las víctimas de delitos cometidos por personas de cualquier edad. Ahora bien, una vez insertos en la institucionalización del régimen penal, ¿qué se hace con esos chicos? Y, por otro lado, ¿cuáles son los resultados de estas medidas en otros países de la región? ¿Cómo se instrumentan esas políticas de estado?
En este contexto, algunos organismos internacionales como UNICEF refieren que, habiendo estudiado las experiencias de otros países, se evidencia que la aplicación de esta medida concreta no resulta en una merma de la delincuencia ni tampoco previene la comisión de delitos.
Por otra parte, y en medio de una reducción significativa del personal de Estado, tampoco queda claro cómo se abordará desde las instituciones el trabajo y la articulación de los órganos del Estado frente al incremento del número de jóvenes que ingresen en el régimen penal juvenil.
Solo resta aguardar para saber si es este el inicio de un debate profundo en materia de seguridad y prevención del delito, o si solo se trata de otro slogan que promete una solución casi mágica para una problemática honda y transversal a toda la ciudadanía.
Por Gabriel Di Taranto
Magíster en Comunicación Política (UNDAV)
