La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) envió una carta documento a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que negó la "existencia de causa u obligación" por la que el gremio deba de abonar una suma de dinero por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre. Pidió a la funcionaria que "cese en su absurdo".
ATE le exigió a Patricia Bullrich que "cese en su absurdo" reclamo de $56 millones por las marchas
Desde el sindicato de los empleaos estatales solicitaron que la ministra de Seguridad termine con su actitud "persecutoria y antisindical" tras las protestas del 22 y 27 de diciembre pasado.
El sindicato que reúne a trabajadores del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales de la Argentina intimó a la funcionaria a que "cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa", así como "en su evidente actitud persecutoria y antisindical".
El documento de rechazo a la intimación por la protesta sindical
La carta documento, difundida este sábado por el secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de la red social X, fue enviada a la funcionaria tras la intimación que ella había realizado el jueves pasado a más de 20 gremios, entre ellos ATE, y organizaciones sociales a pagar montos de hasta $56 millones en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, contra el DNU 70/2023 establecido por el presidente Javier Milei.
"Intimamos cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa, así como en su evidente actitud persecutoria y antisindical, bajo apercibimiento de efectuar las acciones gremiales y legales, en el plano nacional e internacional, que estimemos corresponder".
ATE sostuvo en la carta documento que: "Negamos la existencia de causa u obligación por la cual ATE deba abona suma alguna, así como que ese Ministerio de Seguridad cuente con facultades para perseguir cobro de cualquier suma de dinero en concepto de costos operativos en el marco de un movilización social" y "mucho menos para crear una pena u obligación de pago que por ley no existe".
El gremio también negó que "ese Ministerio ni cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo cuenten con facultades para caracterizar el ejercicio del derecho de huelga y de protesta como 'acto ilegítimo'".
"En efecto, el legítimo ejercicio de un derecho, como en el caso fue la huelga movilización convocada por ATE en fecha 22/12/23, jamás pueden ser considerado ilegal o ilegitima", aclaró.
Finalmente señalaron que "por todo lo expuesto, intimamos cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa, así como en su evidente actitud persecutoria y antisindical, bajo apercibimiento de efectuar las acciones gremiales y legales, en el plano nacional e internacional, que estimemos corresponder".
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