La lógica de privar de derechos a las personas con padecimientos de salud mental

Más allá de las inconsistencias técnicas generales tanto del DNU como de la Ley Ómnibus, hay un tema que pareciera no tener resonancia en la agenda mediática: la reforma que se propone a la Ley Nacional de Salud Mental.

La Ley de Salud Mental fue creada para regular específicamente el abordaje y la perspectiva que se tiene que cumplir a la hora de dar tratamiento a un padecimiento de salud mental. Es una ley humanista, que entiende a la salud mental como un proceso delineado en función de la historia personal, de factores socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos.

Es respetuosa de la legislación de la comunidad internacional, particularmente en sintonía con la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, que ha sido suscripta y ratificada por el Estado Argentino, y, además, adquirió jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044 (sancionada y promulgada en el año 2014).

Se legisló con la premisa principal de revertir la concepción de objeto de control por la de reconocer a las personas con padecimientos como sujetos de derecho, implicando este reconocimiento la posibilidad de tener voz en sus tratamientos y definir que las intervenciones se decidan en base al consenso científico de un equipo interdisciplinario de trabajo.

Hoy, la Ley Ómnibus enviada por el gobierno de Javier Milei al Congreso busca realizar modificaciones sustanciales a la legislación preexistente, basada principalmente en tres ejes fundamentales: intervención judicial por sobre el equipo de salud mental, criterios de internaciones voluntarias y la vuelta de los neuropsiquiátricos.

El proyecto modifica el artículo 5 y 22 de la Ley 26.657, una modificación que quita jerarquía al equipo interdisciplinario de salud mental y vuelve a someter, como lo era antes de la existencia de esta ley, la decisión sobre la internación en manos de los jueces. La modificación los autoriza a ordenar y/o continuar con una internación, incluso desoyendo el dictamen del equipo de salud mental tratante. Es decir, podría perpetuar una internación, aunque no exista indicación médica para ese efecto.

A su vez, se promueve una modificación del artículo 20 de la ley sobre los criterios de internaciones involuntarias. La ley vigente autoriza las internaciones forzadas, pero estas solo pueden ser ordenadas por un equipo interdisciplinario de salud mental y a los efectos de contener una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. Ahora bien, esta modificación permite continuar con una internación involuntaria, aunque ya no exista tal riesgo. Esto también habilita la posibilidad de privar a una persona de su libertad sin que exista causa que justifique tal decisión, la cual, podrá ser ordenada por un juez.

Además, implica que ya no se trata de una situación excepcional a los efectos de evitar daño o lesiones, sino que intenta perpetuarse como una práctica normal y habitual. Asimismo, remueve a la ciencia de la salud como determinante en la decisión y vuelve a depositar el poder en decisiones judiciales.

La modificación del artículo 27 permite el desarrollo y la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. Lograr que la problemática de salud se integre al campo de la salud general se da, por un lado, atento a las prácticas vejatorias de derechos humanos a las que eran sometidas las personas que recibían atención en estas instituciones psiquiátricas, y por el otro, busca evitar la estigmatización y generar condiciones de tratamiento que tengan alcance en todo el territorio del país integrado a la red federal de salud. Esta modificación permitiría volver a un modelo de instituciones fracasado y garantizaría un negocio especulativo para el sector privado de la salud, avasallando los derechos de las personas.

Hoy existe una crisis en materia de abordaje de salud mental, que se vincula con la falta de implementación plena de esta ley nacional. Se observa a las claras en la falta de cumplimiento de la afectación presupuestaria definida por ley, la falta de equipos de salud mental en efectores de salud, en la continuidad de la existencia de hospitales monovalentes y en la falta de adherencia de varias provincias a la legislación Nacional. Esta falta de equipos de trabajo y de infraestructura imposibilitan la plena vigencia de esta ley.

Estas modificaciones no colaboran con la situación crítica en materia de padecimientos de salud menta que sufrimos hoy como sociedad. El Gobierno, cínicamente, se aprovecha de la ineficiencia en la implementación de la ley para intentar volver a instalar un modelo médico/hegemónico que define a las personas con padecimientos mentales como objetos.

Utiliza herramientas punitivas, propias del derecho penal, a partir de entenderlos como “inadaptados” y ” peligrosos”, situación que los priva de sus derechos fundamentales. No les interesa la salud de las personas, sino el control social que pueden instalar mediante una práctica que desoye cualquier consenso científico y se ampara en decisiones judiciales prejuiciosas que utilizan una peligrosidad en abstracto para someter, por tiempo indeterminado, a las personas con padecimientos de salud mental.

Esta reforma a la ley de salud mental no hace más que repetir modelos de abordaje ya fracasados en nuestro país e impide la posibilidad de poner en vigencia un modelo de salud comunitario y con abordaje integral, que ayudaría a resolver la problemática actual de salud mental en nuestro pueblo.

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