COP30 de Cambio Climático: Argentina llega con una agenda ambiental debilitada

Retroceso nacional y liderazgos subnacionales

En este contexto, Argentina llega a esta instancia internacional con más interrogantes que certezas sobre su rumbo climático. Si bien el país mantiene compromisos internacionales como el Acuerdo de París y sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), la implementación real de sus metas enfrenta un fuerte retroceso.

Desde diciembre de 2023, la llegada del nuevo Gobierno implicó recortes presupuestarios entre un 28,1% y un 83,2% en áreas ambientales, la paralización de programas clave, la falta de medidas de adaptación y un discurso negacionista frente a la crisis climática, debilitando la capacidad estatal de respuesta y la credibilidad internacional del país. En este contexto, son las provincias y los municipios los que hoy sostienen la acción climática del país, impulsando medidas de mitigación y adaptación desde los territorios.

A cinco años de la sanción de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, comenzaron a verse los primeros resultados del trabajo subnacional: en 2025, Jujuy, La Pampa y Misiones lograron la convalidación nacional de sus Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático, instrumentos que incluyen diagnósticos locales, metas de reducción de emisiones y medidas sectoriales frente a inundaciones, incendios y sequías.

A su vez, once provincias —Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego— se encuentran en proceso de preconvalidación de sus planes. Mientras que el resto —Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, San Luis, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz— aún no los han presentado.

Estos avances representan un paso hacia una acción climática con perspectiva federal, en un país donde los impactos del clima extremo son cada vez más evidentes. Un ejemplo de ello fueron los incendios en la Patagonia y Corrientes durante enero y febrero de este año, ya que -según reportes de la Administración de Parques Nacionales y organismos provinciales- se quemaron entre 37.601 y 250.000 hectáreas de bosque, respectivamente. Otro ejemplo que podemos citar son, las inundaciones en Bahía Blanca en marzo de este año, que dieron una muestra de cómo la infraestructura urbana no está preparada para gestionar el volumen de agua que cayó en un corto período de tiempo.

Emisiones de metano: una prioridad en la COP30

Este año, uno de los ejes centrales de la cumbre será la reducción de las emisiones de metano en el sector de los combustibles fósiles, un aspecto clave para frenar tanto la velocidad como la magnitud del calentamiento global.

El metano, aunque invisible e inodoro, es un gas extremadamente perjudicial para el ambiente y el clima. Es 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un horizonte de 20 años, es responsable de un tercio del calentamiento global actual y el metano también representa una amenaza directa para la salud.

En términos de su impacto en la salud, es responsable de más del 50% del ozono troposférico presente en la atmósfera, un contaminante que provoca alrededor de un millón de muertes prematuras al año en el mundo. Las personas expuestas corren riesgo de enfermedades respiratorias graves, que pueden devenir incluso en la muerte

Por ejemplo, en nuestro país, más del 60% de las emisiones de metano provienen del sector agropecuario, un 29% del sector energético —principalmente por fugas en la producción y transporte de petróleo y gas— y alrededor del 7% del manejo inadecuado de residuos, con más de 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país.

Si bien Argentina adhirió en 2021 al Compromiso Global del Metano, comprometiéndose a reducir sus emisiones un 30% para 2030, aún no cuenta con metas sectoriales ni con un sistema de monitoreo sistemático. En paralelo, la expansión de Vaca Muerta y los proyectos de gas natural licuado en el Golfo San Matías avanzan sin una evaluación integral de sus impactos ambientales y sociales, y sin garantizar los principios de transparencia, acceso a la información y participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Frente al debilitamiento de las políticas nacionales, las provincias, los municipios y la sociedad civil se consolidan como actores clave para sostener la ambición climática del país. Recuperar la coherencia entre los compromisos internacionales y la acción interna es esencial para avanzar hacia un futuro que ponga en el centro a los derechos humanos y el ambiente.

Camila Mercure y Giselle Munno Dithurbide integran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).