"Presunción de legalidad", el Congreso de Bolivia reguló el uso de las Fuerzas Armadas contra bloqueos de rutas

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó este domingo la ley 161 de Regulación de los Estados de Excepción que permite la intervención de las Fuerzas Armadas, bajo el pretexto de "insuficiencia operativa sobreviniente" de la Policía, en la represión de bloqueos de rutas. Aún así, la Policía se mantiene como principal responsable del orden público.

Uno de los artículos de la ley aprobada señala que las fuerzas de seguridad "gozarán de presunción de legalidad" durante el Estado de Excepción y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Sin embargo, esta protección legal se caerá en casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

"El Órgano Ejecutivo mediante los Ministerios competentes, con la finalidad de preservar los derechos y garantías constitucionales, deberá proporcionar patrocinio legal a las servidoras y servidores públicos, miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que sean sometidos a investigación, proceso judicial o administrativo por actos ejecutados durante el estado de excepción", señala el artículo 27 de la norma.

La ley estipula que la declaración del Estado de Excepción se realizará mediante Decreto Supremo con una duración máxima de 90 días, prorrogable con autorización legislativa. Al finalizar, el Ejecutivo deberá rendir cuentas sobre el uso de las facultades otorgadas. Además, autoriza arrestos temporales de hasta ocho horas por incumplimiento de disposiciones durante el Estado de Excepción.

Si bien el presidente Rodrigo Paz Pereira viene insistiendo con dialogar con la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos, los transportistas y otros trabajadores que se manifiestan pidiendo su renuncia, la Asamblea Plurinacional de Bolivia con mayoría oficialista se encargó de derogar la ley de 2020 que regulaba el Estado de Excepción y aprobar esta nueva versión.

El antecedente que terminó con militares encarcelados por represión mortal

Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles después de la salida del poder de Evo Morales porque mataron a más de 30 personas.