Por un cambio en el Código Penal, un país condenará a prisión a quienes sean infieles

El nuevo código penal debe ser ahora firmado por el Presidente, indicó el viceministro de Ley y Derechos Humanos, Edward Hiariej. El Código Penal no se aplicará de inmediato, aunque se ha fijado un máximo de tres años para la transición del marco antiguo al nuevo.

Al mismo tiempo, la reforma incluye castigos para el aborto, la promoción de anticonceptivos, las blasfemias religiosas y también los insultos al presidente.

Tras la aprobación de la medida, un centenar de personas protestaron el lunes contra le ley y desplegaron una pancarta amarilla con el lema: “Rechacen la aprobación de la revisión del código penal”.

La infidelidad, considerado como un delito penal

El nuevo código incluye varios artículos que considera al sexo fuera del matrimonio en un delito punible con un año de cárcel.

Además, la cohabitación con otra persona, fuera del vínculo legal, con seis meses de prisión. No obstante, los cargos de adulterio deben basarse en denuncias policiales presentadas por cónyuges, padres o hijos de la persona acusada.

El portavoz del equipo encargado de esta ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Albert Aries, defendió las enmiendas y aseguró que estas nuevas reglas protegen la institución del matrimonio.

En contra punto, los grupos de derechos humanos consideran que esta legislación supone un control de la moralidad y un giro hacia el fundamentalismo en un país largamente alabado por su tolerancia religiosa, cuya Constitución defiende el laicismo.

Aborto, anticonceptivos e insultos a funcionarios

En la reforma también designa la promoción de los anticonceptivos y las blasfemias religiosas como ilegales y restaura el veto a insultar a un presidente o vicepresidente en el cargo, instituciones del estado y la ideología nacional.

Los insultos al Presidente en el cargo deben ser denunciados por el mandatario y pueden suponer hasta tres años de cárcel.

Además, según el texto, el aborto es un crimen, aunque añade excepciones para mujeres con problemas médicos que pongan en riesgo su vida y por violación, siempre que el feto tenga menos de 12 semanas, en línea con las normas de su Ley de Práctica Médica de 2004.

El código mantendrá la pena capital en el sistema de justicia pese a las peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros grupos de abolir la pena de muerte, como hicieron docenas de países.