El organismo internacional dio a conocer un informe contra el régimen de Maduro en el que denuncia una feroz represión tras las elecciones de julio, que incluyó prácticas de terrorismo de Estado para silenciar voces disidentes.
El 28 de julio del 2024 se realizaron las elecciones presidenciales de Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe contundente donde aseguró que la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no goza de legitimidad democrática". Además, denunció el desarrollo de un "terrorismo de Estado" donde se realizarn "ejecuciones y desapariciones forzadas" durante los últimos meses.
En un informe, subido al sitio web oficial de la CIDH, el organismo internacional precisó: “La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”. Además, el documento señaó una serie de violaciones incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.
La CIDH, un organismo de la Organización de Estado Amerícenos (OEA), concluyó que el régimen venezolano “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”.
El informe precisó que la oposición logró recopilar más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional. Según estas actas, el candidato opositor Edmundo González Urrutia habría obtenido el 67% de los votos.
Estas denuncias se suman a las ya presentadas por el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, que participaron como observadores del proceso dentro del país y concluyeron que las elecciones no podían considerarse democráticas, y a las de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que alertó sobre la reactivación, con más fuerza, de la maquinaria represiva del chavismo luego de las elecciones.
El Gobierno cruzó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que acusara al gendarme que permanece secuestrado en ese país, llamado Nahuel Agustín Gallo, de haber intentado asesinar a su vicepresidenta Delcy Rodríguez y tildó sus dichos de "irresponsables".
En un comunicado conjunto del Ministerio de Seguridad y la Cancillería, el Gobierno cuestionó a Maduro tras sus dichos: "La República Argentina rechaza categóricamente las falsas e infundadas acusaciones del dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, a quien ha señalado, sin prueba alguna, de intentar afectar la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico".
En tal sentido, marcó que el gendarme accedió a Venezuela de forma lícita. "Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje. No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra", expresó.
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