El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de planear un golpe de Estado en el país por su negativa a reconocer los resultados del balotaje presidencial de junio. Ante esta crisis, el líder ultraderechista suspendió los contactos políticos para la transición y solicitó a las Fuerzas Militares que protejan el orden constitucional.
A través de sus redes sociales, De la Espriella denunció que el actual jefe de Estado y su candidato derrotado, Iván Cepeda, buscan desconocer la voluntad popular. Según afirmó el próximo mandatario, ambos dirigentes "iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado".
En su mensaje, el presidente electo pidió a las Fuerzas Armadas que "cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia" frente a cualquier directiva contraria a la ley. Asimismo, justificó su decisión sobre el traspaso de mando al asegurar: "No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante".
El quiebre institucional escaló tras los mensajes de Petro, quien sostiene la hipótesis de un "fraude electoral" y convoca a manifestaciones en las calles para el 20 de julio. El presidente saliente cuestiona la legitimidad de su sucesor y argumenta que, por voluntad del pueblo, el verdadero ganador de los comicios es Cepeda.
El nuevo gobierno investigará los actos de la administración saliente
De la Espriella definió el empalme técnico como una "auditoría exhaustiva" sobre la gestión de su predecesor, con el foco puesto en la lucha contra el narcotráfico y la adjudicación de contratos estatales a dedo. "Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror", sentenció el dirigente de derecha sobre Petro.
Por su parte, el senador Cepeda aceptó los números de la autoridad electoral, pero se declaró en "desobediencia civil" frente a la futura administración. Frente a esto, el nuevo jefe de Estado advirtió que su gobierno respetará las marchas pacíficas, pero aclaró que toda violencia "será enfrentada como delito".
Las autoridades electorales y los observadores internacionales descartaron cualquier manipulación en las urnas. La asunción formal del nuevo presidente ocurrirá el próximo 7 de agosto en un escenario de extrema tensión política.