En un fallo histórico, el máximo tribunal brasileño acaba de condenar a los autores intelectuales del asesinato de la concejala de izquierda, acribillada en 2028 en pleno centro de Río de Janeiro. La condena puso luz sobre el oscuro entramado de políticos, policías y milicianos cercanos a Jair Bolsonaro que estuvo detrás del crimen.
El jucio por el asesinato de la consejala del PSOL moviliza a la sociedad brasileña.
El 14 de marzo de 2018, la concejala Marielle Franco salió de un acto con jóvenes mujeres negras en un local comunitario que está justo detrás de la muy famosa y brutalista Catedral de Río de Janeiro. Acababan de dar las 9 de la noche. Se subió al automóvil oficial conducido por su chofer, Anderson Gomes, y con una joven asesora que se acomodó en el asiento trasero.
Apenas habían hecho algunas cuadras, alejándose del barrio de Lapa, cuando un Chevrolet Cobalt se acercó por la derecha y una de sus tripulantes comenzó a disparar contra el vehículo de Franco, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y referente de la lucha por los derechos de las mujeres, los afrobrasileños y la comunidad LGTBI.
Cuatro de los proyectiles impactaron en la cabeza de la Marielle y tres alcanzaron Anderson Gomes, quien murió en el acto tras perder el control del automóvil, mientras que la asesora recibió unas esquirlas y logró sobrevivir al ataque. Los agresores huyeron inmediatamente del lugar, dejando una escena que conmocionó a Río y que, con el paso de las horas, se transformó en uno de los episodios políticos más traumáticos de la historia reciente de Brasil.
En términos argentinos, fue algo así como si una banda de paramilitares hubiera acribillado a Myriam Bregman a plena luz del día, en algún punto de San Telmo o Barracas y se hubiera fugado, atravesando Buenos Aires, ante una demasiado evidente inacción policial.
El impacto en Brasil tuvo como contexto inevitable el dato de que alrededor de 700 políticos y activistas fueron asesinados en las últimas dos décadas, sin que se lograra esclarecer a una gran parte de los casos. Una estadística que no permitía albergar excesivas esperanzas de que se pudiera encontrar y condenar no solo a los ejecutores materiales sino también a los autores intelectuales del atentado contra Marielle Franco.
Es por eso que se vivió como un acontecimiento histórico que, este pasado jueves, la Corte Suprema de Brasil impusiera una pena de 76 años de prisión a cada uno de los hermanos Domingos y José "Chiquinho" Brazão , dos personajes de dilatada carrera en la política de Río de Janeiro, tras considerarlos responsables intelectuales del asesinato de la concejala del PSOL. El fallo fue adoptado por unanimidad y los declaró culpables por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y asociación con organización criminal.
La resolución judicial también fijó una reparación económica para los familiares de la edil asesinada. Los condenados deberán abonar 7 millones de reales (casi un millón y medio de dólares), en concepto de indemnización. Según determinó el tribunal, ambos formaban parte de las denominadas “milicias” que operan en amplios sectores de las favelas cariocas, donde ejercen el control territorial mediante prácticas ilegales y coercitivas.
Se trata de una práctica conocida popularmente como "Grilhagem", que comenzó en la Amazonia, donde ganaderos y mineros escrituraban ilegalmente terrenos públicos, y que se fue extendiendo a las favelas de las grandes ciudades. De acuerdo con la sentencia, el accionar político y social de Franco —quien se había presentado a elecciones por primera vez dos años antes de su muerte— afectaba intereses vinculados a las redes de "grilheiros" en Río, lo que derivó en la planificación del crimen.
En el mismo proceso fueron condenados otros implicados. Dos expolicías que actuaban en coordinación con los hermanos recibieron penas de prisión, al igual que el comisario Rivaldo Barbosa, considerado una figura central en la trama. Barbosa estuvo a cargo de la investigación durante años, pero la Justicia concluyó que trabajaba para los Brazão con el objetivo de entorpecer el avance de la causa y asegurar su impunidad. Por ese rol fue sentenciado a 18 años de cárcel por obstrucción a la Justicia.
Los dos autores materiales del atentado ya habían sido condenados en 2024 a largas penas de prisión. Uno de los pilares de la causa fue la confesión de Ronnie Lessa, el expolicía que admitió haber disparado contra la concejala y que recibió una condena cercana a ochenta años de cárcel, tras un acuerdo de colaboración que redujo su pena efectiva.
El conductor del vehículo, Élcio Queiroz, también recibió un fuerte condena y durante el juicio fue señalado por dos testigos, que aseguraron que visitó a Jair Bolsonaro en su casa horas antes del crimen, aunque luego se desdijeron, en una actitud que, según la fiscalía, se debió a amenazas recibidas por parte de grupos parapoliciales cercanos al expresidente. Más allá de eso, el vínculo entre este expolicía militar que conducía el Chevrolet y Bolsonaro fue corroborado en repetidas ocasiones durante el juicio.
De acuerdo con la sentencia, el asesinato tuvo como trasfondo un conflicto político y económico, que revela la oscura trama de relaciones entre políticos de ultraderecha, policías en actividad y apartados de la fuerza y promotores inmobiliarios. Según se detallaba en la acusación, Franco se oponía en el Concejo Municipal de Río a iniciativas que buscaban legalizar la apropiación irregular de tierras por parte de milicias que operan en distintos barrios de la ciudad.
El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, afirmó durante la apertura del juicio que el asesinato perseguía un doble objetivo: eliminar una voz opositora y enviar un mensaje disuasorio a otros dirigentes políticos. El magistrado es conocido por ser una de las figuras clave en el juicio que condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado a Lula y fue apuntado directamente por Donald Trump, quien impulsó que el juez fuera sancionado internacionalmente.
Chiquinho Brazão había ocupado una banca como diputado federal, mientras que Domingos Brazão se desempeñó como juez del Tribunal de Cuentas del estado. Ambos son considerados "viejos zorros" de la política carioca, históricamente vinculados con la derecha y radicalizados a partir del ascenso de Jair Bolsonaro en la escena nacional.
La trayectoria política de Chiquinho Brazão fue objeto de particular atención durante el proceso. Electo concejal de Río por primera vez en 2004 y reelegido en varias oportunidades, en 2018 obtuvo una banca como diputado federal. En 2022 fue reelegido y participó activamente en la candidatura presidencial de Jair Bolsonaro.
En octubre de 2023 fue designado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para dirigir una secretaría municipal, cargo que dejó en febrero de 2024 tras la confesión de Lessa. Un mes después, el 24 de marzo de 2024, fue arrestado junto a su hermano y a Barbosa por orden de la Policía Federal .
Corresponsales extranjeros en Brasil, consultados para esta nota, afirman que si bien el fallo de la Corte Suprema lanza un importante mensaje contra la impunidad y da visibilidad a una práctica criminal enraizada, los hermanos Brazão no son los únicos que vieron sus intereses tocados por la resistencia de Marielle Franco y apuntan que en su asesinato están vinculados muchos otros políticos locales y milicianos de derecha que se benefician -y se continuarán beneficiando- del "Grilhagem".
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