El fénix que gana en su cuarto intento: ¿por qué Perú vuelve al fujimorismo?

La definición electoral estuvo marcada por una polarización extrema frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, de la coalición Juntos por el Perú. El escrutinio definitivo de la ONPE marcó una victoria milimétrica para Fujimori por tan solo 49.641 votos, ya que obtuvo el 50,135% de los sufragios válidos frente al 49,865% de su oponente.

El respaldo de la diáspora peruana para Fujimori osciló entre el 60% y el 66,8% en el continente americano, lo que permitió revertir la estrecha ventaja doméstica. Con este triunfo, el fujimorismo vuelve a la cúspide del Poder Ejecutivo. La gran pregunta es si podrá poner fin a una década de extrema volatilidad política que vio desfilar a ocho presidentes por el Palacio de Pizarro (y para entender si puede, hay que mirar de dónde viene).

De Primera Dama a Presidenta

Keiko Sofía Fujimori Higuchi ingresó a la cúspide del poder a los 19 años de edad. En 1994, asumió las funciones de Primera Dama de la Nación tras la separación de sus padres en pleno régimen fujimorista. La ruptura estuvo marcada por graves denuncias de violencia de género. Susana Higuchi declaró haber sido víctima de secuestros, agresiones y torturas con choques eléctricos perpetrados por orden de su propio esposo, y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Frente a ello, Keiko tomó la decisión de quedarse al lado de su padre y respaldar su gestión, una postura que generó una fractura familiar, pero marcó el inicio de su propia carrera política.

Ahora bien, la transición hacia su carrera política se consolidó en las elecciones parlamentarias del 2006. Se postuló al Congreso y logró un éxito histórico, ya que obtuvo más de 602.000 votos y se convirtió en la legisladora más votada en la historia peruana.

En 2010 dio un paso estratégico al fundar el partido político Fuerza Popular, la bancada más influyente, disciplinada y cohesionada de la derecha local.

Su trayectoria hacia la presidencia estuvo marcada por una persistencia histórica: disputó cuatro balotajes consecutivos y sufrió derrotas en las segundas vueltas previas. Perdió en 2011, 2016 y 2021, y finalmente ganó en 2026.

Su consagración presidencial convive inevitablemente con la memoria de la corrupción de los años 90. La propia mandataria arrastra antecedentes en el "Caso Cócteles", en el cual la Fiscalía de la Nación la acusó de lavado de activos y organización criminal por el financiamiento irregular de sus campañas de 2011 y 2016. Sin embargo, a inicios de 2026, el Poder Judicial ordenó el sobreseimiento y el archivo de los cargos más graves en su contra.

El antecedente: quién fue Alberto Fujimori

La familia Fujimori arribó al Perú durante la ola migratoria japonesa de principios del siglo XX. Los padres del exmandatario iniciaron su camino en condiciones precarias. Sin embargo, la comunidad nikkei experimentó una rápida movilidad social ascendente en el país. En ese entorno de progreso, Alberto Fujimori se graduó como ingeniero agrónomo y construyó el perfil de outsider técnico que luego catapultaría su carrera política.

El fenómeno del outsider original

Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 bajo una estricta postura antisistema. El contexto nacional estaba marcado por el colapso de los partidos tradicionales, la hiperinflación y la violencia de los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y el MRTA. Ante ese escenario crítico, la ciudadanía peruana demandaba una alternativa ajena a las élites que históricamente habían gobernado el país.

El candidato fundó la plataforma Cambio 90 para enfrentar a la coalición FREDEMO, que representaba a la aristocracia tradicional blanca y limeña. En contraposición, Fujimori se posicionó como un "ciudadano común". Capitalizó estratégicamente su herencia japonesa al asociarla con los valores de la disciplina, el trabajo arduo y la modernidad tecnológica.

Esta identidad le permitió construirse como un outsider racial y social. De este modo, conectó directamente con los sectores mestizos, indígenas e informales históricamente marginados por la élite de la capital. Tras dar la sorpresa en la primera etapa, Cambio 90 ganó el balotaje definitivo con el 62,32% de los sufragios, coronando a un líder sin experiencia política previa. Consolidó así un ascenso inédito en la región que poco después abriría las puertas a la corrupción.

La trama de la corrupción de los 90

El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) giró hacia un régimen autoritario tras el autogolpe del 5 de abril de 1992. La columna vertebral del poder fue la alianza estratégica entre la presidencia y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), liderado de facto por el asesor Vladimiro Montesinos. El SIN controló la vida pública mediante el chantaje, la extorsión y el soborno.

La estrategia incluyó la captación de "congresistas tránsfugas". El régimen pagaba millonarias sumas en efectivo a parlamentarios opositores para cambiarse de bando y asegurar la mayoría legislativa.

Toda esta estructura ilegal quedó expuesta en los llamados "Vladivideos", cintas de VHS grabadas en secreto por el propio organismo de inteligencia. Las filmaciones mostraron los sobornos explícitos a políticos, empresarios, magistrados y dueños de medios. La difusión de estos videos desató el colapso político y moral definitivo del régimen en el año 2000.

Crímenes de lesa humanidad

El régimen de Fujimori estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos. Con la excusa de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, el gobierno instrumentalizó al "Grupo Colina". Este escuadrón de la muerte clandestino operaba desde la estructura estatal para ejecutar detenciones arbitrarias y asesinatos selectivos.

Dos episodios trágicos marcaron la memoria de los años noventa. En noviembre de 1991, el Grupo Colina perpetró la masacre de Barrios Altos, donde asesinaron a 15 personas vinculadas falsamente con el terrorismo. En julio de 1992, ejecutaron la masacre de La Cantuta. En este operativo, los militares incursionaron en la Universidad Nacional de Educación, secuestraron a nueve estudiantes y a un docente, incineraron sus cuerpos y ocultaron sus restos en fosas comunes.

Tras fugarse a Japón, Alberto Fujimori fue detenido en Chile en 2005 y extraditado al Perú en 2007. El 7 de abril de 2009, la Corte Suprema dictó una condena histórica de 25 años de prisión contra el exmandatario por delitos de lesa humanidad, entre otros.

Conclusión: El voto enojado y la trampa del orden

El regreso de la familia Fujimori al poder demuestra que el electorado peruano priorizó la promesa de orden público frente a una crisis institucional asfixiante -el mismo fenómeno que vimos con Abelardo de la Espriella en Colombia y el avance de las opciones disruptivas de derecha en la región-.

El outsider no es una novedad de la pospandemia: en Perú es una receta conocida desde los años noventa, y funciona de manera sistemática cuando coinciden la parálisis económica y el colapso de la representación política. Con esta victoria, el mapa sudamericano consolida una tendencia hacia liderazgos de derecha transaccional, los famosos "ingenieros del hartazgo". No son sociedades que giran a la derecha por convicción ideológica, sino por el componente emocional del enojo.

Tendremos que observar si estos gobiernos logran apagar ese enojo arraigado o si, al no responder a las necesidades ciudadanas, se transforman en un puro juego de acumulación de poder transitoria. Porque las crisis y la corrupción estructural de la región hasta ahora no se han eliminado por elegir líderes carismáticos u outsiders con pasados judiciales corruptos. Es así que el tiempo dirá si sanan las deudas que pide la población y la democracia o simplemente profundizan su agonía.