El Senado de Paraguay destituyó de forma unánime al expresidente Santiago Peña con los 44 votos de los legisladores presentes. De esta forma, la Cámara Alta resolvió separarlo del cargo principal del Gobierno tras dar por finalizado el proceso de juicio político por mal desempeño de sus funciones.
La decisión del Poder Legislativo de llevar hasta las últimas consecuencias al político del Partido Colorado significa una sanción e inhabilitación política: al destituirlo en lugar de aceptar su renuncia, evita que Peña mantenga los fueros y se pueda presentar como candidato inmediato. El político queda ahora expuesto a eventuales responsabilidades jurídicas por su accionar en el poder.
La renuncia permitía a Peña dar un paso al costado argumentando preservar el "bienestar del país" sin asumir formalmente la culpabilidad legal o política. La destitución por la fuerza de los votos opera como una condena política institucional por mal desempeño, inhabilitando su capital político y bloqueando futuros fueros de protección.
El juicio político contra el expresidente de Paraguay se desencadenó a raíz de una grave crisis financiera vinculada a Ueno Bank y a acusaciones por presunto mal desempeño de sus funciones y conflicto de intereses. Paralelamente el Congreso asiste a la jura del vicepresidente Pedro Alliana, como su sucesor.