Crisis en Perú: Dina Boluarte declarará por las muertes en las protestas

La presidenta de Perú es investigada por los delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" en las represiones llevadas a cabo en las manifestaciones tras la destitución de Pedro Castillo.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declarará el próximo martes ante la Fiscalía en el marco de la investigación por las muertes en las protestas en el país vecino tras la llegada de la mandataria, quien es investigada por los delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" en las represiones del Gobierno peruano.

La abogada de Boluarte, Kelly Montenegro, confirmó en diálogo con el diario El Comercio que la presidenta peruana se presentará para dar su testimonio al señalar que "la decisión de la doctora (Boluarte) de participar en la diligencia de la fiscalía siempre ha sido positiva y con toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad".

"Nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público", agregó para referirse a la investigación que se abrió el último 10 de enero y apunta contra Boluarte por lo ocurrido en las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las zonas de Puno, Junín, Ayacucho, Arequipa, La Libertad y Apurímac tras la destitución de Pedro Castillo por el Congreso y la llegada de quien era la vicepresidenta de Perú.

La causa es encabezada por la fiscal Patricia Benavides, quien también pidió investigar al ministro de Defensa, Jorge Chávez; el exministro del Interior Jorge Rojas; el exjefe de Gabinete Pedro Angulo y quien ocupa en la actualidad el último cargo mencionado, Alberto Otárola.

Crisis en Perú: continúa subiendo el número de muertos en las protestas

Las protestas en el país peruano siguen y y se registran, según lo informado por la Defensoría del Pueblo local, 60 muertos, además de más de 1.301 heridos producto de la represión en las manifestaciones.

Los manifestantes piden que Boluarte adelante las elecciones presidenciales para 2023, además del cierre del Congreso y la renuncia de la mandataria que asumió después de la salida de Castillo, quien continúa cumpliendo la prisión preventiva por 18 meses determinada por la Justicia en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. Su destitución se produjo el 7 de diciembre de 2022.

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