Brasil vive sus horas más convulsionadas a una semana de la asunción de su nuevo presidente Luis Inazio Lula Da Silva. Al menos 5 mil militantes bolsonaristas radicalizados intentaron un fallido golpe de Estado con el asaltó a los edificios gubernamentales más representativos.
Ingresaron en el palacio del Planalto, el Tribunal Supremo de Justicia y el Congreso de la Nación, ante la impasividad de los agentes policiales que debían custodiarlos. Destrozaron y vandalizaron mobiliario, vidrios, obras de arte e, incluso, hay denuncias que indican que algunos documentos fueron robados intencionalmente.
Lula Da Silva decidió la intervención de la policía de Brasilia, al tiempo que responsabilizó del intento golpista al expresidente Jair Bolsonaro, recluido en Estados Unidos desde el día anterior al cambio de gobierno. Desde allí, afirmó que está siendo acusado “sin pruebas”.
Las miradas apuntan a la connivencia policial y a funcionarios que evadieron su tarea, y especialmente al ahora destituido secretario de seguridad en Brasilia, Anderson Torres. Torres fue ministro de Justicia de Bolsonaro durante los últimos dos años de su mandato, y casualmente, se encontraba en Estados Unidos al momento de los hechos.
La Corte Suprema de Brasil separó de su cargo, al menos por 90 días, al gobernador del Distrito Federal de Brasilia Ibaneis Rocha y ordenó a las fuerzas de seguridad liberar acampes y rutas cortadas.
Pero esto recién empieza. Luego de recuperar el control de los edificios invadidos comenzó la investigación judicial y las pesquisas, en una causa que ya cuenta con cientos de detenidos y que, según se anunció, tendrá más responsables a disposición de la Justicia.