Apagones en Cuba: el Gobierno aprobó medidas para que los habitantes de la isla produzcan su propia energía

El Gobierno de Cuba puso en vigencia nuevas regulaciones para promover la generación de energía mediante fuentes renovables en todo el territorio nacional ante la profunda crisis eléctrica de la isla. Las resoluciones buscan incorporar capacidad al sistema energético y reducir la dependencia de una infraestructura convencional incapaz de cubrir la demanda.

La normativa estatal incluye beneficios fiscales para particulares y compañías que instalen equipos de generación alternativa. Las resoluciones 179 y 180 de 2026 eximen del pago de aranceles aduaneros a la importación de sistemas fotovoltaicos, calentadores, biodigestores y pequeños generadores eólicos.

Las medidas exoneran también de impuestos a las bombas solares de agua, dispositivos de iluminación, cargadores de vehículos eléctricos y equipos para procesar biomasa. A su vez, el Estado amplió las vías legales para que los productores independientes vendan su electricidad sobrante a la red nacional.

La entrada en vigor de las normas coincidió con un pico de cortes de luz que afectó al 69% del país. Durante la jornada más crítica, el sistema ofreció apenas 1.050 megavatios frente a una demanda de 3.300 megavatios, un déficit que dejó a los ciudadanos con solo dos o tres horas de electricidad diarias.

Las nuevas regulaciones otorgan beneficios a los servicios esenciales

La normativa contempla reducciones impositivas especiales para las empresas privadas que inviertan en proyectos de alto interés social. La medida prioriza lugares críticos como policlínicos, hogares maternos, consultorios y edificios donde residen personas electrodependientes.

Las exenciones fiscales aplicarán también a las obras privadas que garanticen el funcionamiento de las bombas de agua en los municipios. La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, confirmó que la iniciativa busca sostener estos servicios públicos esenciales en medio del desabastecimiento.

Especialistas independientes atribuyen esta escasez a la falta histórica de inversión y al deterioro de la red eléctrica. Por su parte, las autoridades de la isla señalan a las sanciones de Estados Unidos y acusan a Washington de aplicar una política de "asfixia energética".